30 de September 2016

“Maras” salvadoreñas recrudecieron patrón de violencia entre 2010 y 2015


Con información de la agencia de noticias: EFE 

Las pandillas salvadoreñas recrudecieron su patrón de violencia entre 2010 y 2015 por el mayor control territorial que obtuvieron con una tregua que fue acompañada por el Gobierno, concluye un informe de la sociedad civil dado a conocer hoy.

El estudio, realizado por el no gubernamental Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide), sostiene que “el nuevo patrón de violencia que se ha configurado es más complejo y más dañino” que el registrado en el lustro previo.

Esta modalidad “representa un escalonamiento de la violencia y la inseguridad, una expansión de la violencia a prácticamente todo el país, un aumento significativo del número de víctimas”, expone el documento.

El mismo da cuenta de “nuevos y graves hechos de violencia y la profundización de la confrontación armada entre el Estado y los grupos delictivos”.

Señala que “un primer indicador” de la metamorfosis es el número de asesinatos, que incrementó en un 66 %, pasando de 4.004 en el año 2010 a 6.646 en el 2015.

“El año 2015 constituye el más violento de las últimas décadas, con una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 102,9, la más elevada desde 1950 y superando con creces la tasa registrada durante los doce años de guerra (1980-1992)”, consigna.

Esto fue acompañado por un alza en los asesinatos múltiples, que subieron un 126 % en 2015 con respecto al 2010, y de los feminicidios, agrega.

Estos últimos crímenes se dispararon un 750 % en 2015 en comparación con el 2012, “año en que entró en vigencia la tipificación del delito”.

El informe, denominado “El Salvador: Nuevo patrón de violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades (2010-2015)”, expone que existe un “cambio en el perfil de las víctimas de homicidios”.

“De manera creciente las víctimas de homicidios son hombres jóvenes que viven y trabajan en las zonas rurales, (…) lo cual está vinculado a la extensión de la violencia a las zonas rurales y a la mayor presencia y control territorial de los grupos delictivos”, expone.

Esta expansión se manifiesta en el creciente asesinato de agricultores, jornaleros, ganaderos y pescadores.

También en el aumento de víctimas masculinas. En el año 2010 el 85,6 % fueron hombres, mientras que en 2015 alcanzaron el 91,2 %.

En el caso de las desapariciones forzadas, las víctimas pasaron de un promedio anual de 1.391 víctimas en el lapso 2005-2009 a 3.142 en el lustro siguiente, “más del doble”.

Sobre los éxodos de familias por amenazas de pandillas, la organización lamenta que “no existe información oficial (ni reconocimiento formal) sobre el desplazamiento forzado que ha tenido lugar en los últimos años”.

Una de las principales conclusiones que presenta el informe es que el patrón de violencia “que venía registrándose en el país hasta finales de la primera década del presente siglo cambió (…) sobre todo a partir de la finalización de la llamada tregua entre pandillas”.

Diferentes analistas señalan que la tregua permitió a las pandillas consolidar sus liderazgos locales y extensión por la implementación de “municipios santuarios” de pandilleros, en los que el Gobierno dio prioridad a la inversión social y los cuerpos de seguridad disminuyeron su operatividad.

Dicho armisticio (2012-2014), pactado entre la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, contó con el “acompañamiento” de la administración de Mauricio Funes (2009-2014).

La tregua, “si bien logró disminuir el número total de homicidios de manera considerable, parece que también contribuyó en parte a gestar las condiciones para la profundización de la violencia en los años posteriores”, detalla el documento.

La vigencia de este nuevo modo de ejercer violencia “tiene profundas implicaciones en términos de la formulación e implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana” porque “pone una enorme presión sobre el Gobierno para tratar de reducir la violencia y la inseguridad”.

Entre enero y agosto pasados, El Salvador acumuló 3.837 asesinatos, con los que se sitúa a 2016 como el segundo año más violento desde 2006, solo superado por 2015.


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