5 de Diciembre 2016

Ratifican prisión preventiva a sospechosos del crimen hondureña Berta Cáceres


Con información de la agencia de noticias: EFE 

La justicia hondureña ratificó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva impuesta en mayo a cinco presuntos implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres.

El poder Judicial de Honduras indicó en su cuenta de Twitter que la Corte de Apelaciones Penal declaró “no ha lugar” los recursos de apelación presentados por la defensa de los cinco acusados por el asesinato de Cáceres.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Sergio Rodríguez, empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres; Edilson Duarte, capitán retirado, y su hermano gemelo, Emerson Duarte, a quien le decomisaron un arma con la que habría sido asesinada Cáceres.

Los cinco hombres son sospechosos por el asesinato de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, dijo a periodistas el portavoz del Supremo hondureño, Melvin Duarte.

Cáceres, que tenía medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza.

El expediente relacionado con el crimen de la ambientalista fue sustraído el pasado 28 de septiembre durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarte su auto, pero las autoridades judiciales han asegurado que el caso no sufrirá ningún atraso porque se cuenta con una copia del mismo.

El documento contiene las pruebas que supuestamente involucran a los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen de Cáceres, quien además coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Berta Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.


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