6 de Diciembre 2016

La Fiscal General dice que siente “terror”

Archivo: Emisoras Unidas

Redacción Emisoras Unidas

En entrevista concedida al New York Times en Español la Fiscal General, Thelma Aldana, dice que siente terror por las amenazas de muerte en su contra.

La entrevista toca varios matices de Aldana, incluso, habla sobre si ella tiene intenciones políticas y responde que “no podría incursionar en política (…) porque no tengo dinero, para hacer política se requieren alianzas”, destaca.

Sin embargo, asegura que agrupación que le parece mejor es Encuentro por Guatemala, aunque en la entrevista no profundiza sobre el tema.

La mayoría de preguntas se centran en las investigaciones sobre corrupción en el país y los mucho que hay que hacer en el país sobre ese tema. Además, se refiere a las investigaciones en contra del hijo y el hermano del presidente, Jimmy Morales.

Extracto de la entrevista:

A la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, la quieren matar

En detalle: una estructura criminal potente no solo quiere matarla, exige que el crimen se cometa ya. El Ministerio Público lo detectó en mayo. Y las amenazas se toman tan en serio que a finales de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para ella y para su familia.

Lo explica sin tapujos, utilizando la palabra “terror”, para describir cómo se siente. Controla con frialdad impasible cada músculo de su cara y afirma que no va a dejar su puesto hasta el día que concluya el mandato, en mayo de 2018.

Sorprende mucho que una institución internacional ordene al Estado que proteja con mecanismos especiales a una alta funcionaria, algo que debería darse por hecho. Sorprende menos al revisar la lista de personas que Aldana ha enviado a prisión desde el año 2015.

En ella están, entre otros: el expresidente Otto Pérez Molina; su vicepresidenta, Roxana Baldeti, y sus ministros de Gobernación, Cultura y Deportes, y dos ministros consecutivos de la defensa nacional. Dos ministros —el de Energía y Minas, y el de Comunicaciones— están prófugos. El expresidente del Congreso también.

Cuando fue nombrada, Anita Isaacs escribió una columna de opinión en The New York Times diciendo que usted era una bofetada en la cara a quienes aspiraban a la reforma de la justicia. 

Quienes decían que era del Partido Patriota (del expresidente Pérez Molina) no estaban en lo cierto. Yo conocía al presidente de la república porque era presidenta del Organismo Judicial. Yo pensaba que los tres organismos del Estado teníamos que coordinar nuestros esfuerzos. No es que yo fuera militante ni íntima amiga. Era una relación institucional. Yo le guardaba mucho respeto. Voté por él. Cuando me nombró fiscal general, nunca me pidió nada ni me condicionó. Yo creí que el problema estaría en los casos del conflicto armado interno que se ventilaban en ese momento. Como él es militar, me va a decir que ya no siga con esos casos. Pensaba: si me lo pide, no acepto. Y fin de la historia.

¿Pensó alguna vez que en poco más de un año habría encarcelado a la mitad del gobierno de su país?

Aún no salgo de mi asombro. Sabíamos que había corrupción, negarlo sería imposible; pero no en la magnitud que nos encontramos. De acuerdo con nuestras investigaciones, el Partido Patriota se criminalizó antes de tomar el poder, se organizó alrededor de empresas de cartón, empresas conformadas solo para evadir la ley de financiamiento electoral y cuando tomaron posesión tenían una estrategia para ubicar personas de confianza en las instituciones del Estado. Por eso hemos llamado al caso “La cooptación del Estado”.

En el origen de la investigación están una serie de escuchas telefónicas. ¿Qué sintió al darse cuenta del caso que tenía entre manos?

El proceso se va construyendo poco a poco. Cuando escuche la conversación del presidente Pérez Molina con el director de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria), en la que le dice que quiere que nombre a tal persona de jefe de recursos humanos, empecé a dudar. No me pareció que tuviera sentido que el presidente estuviera preocupado por el director de recursos humanos de la gestión tributaria. Cuando encontramos a Juan Carlos Monzón (secretario privado de la vicepresidenta) y uno empieza a pensar, ¿será que la vicepresidenta no se dio cuenta de esto?, una tiene la duda y la esperanza de que todo terminará en él. Pero cuando empezamos con las escuchas que hablaban del número uno, del numero dos, del mero mero, del dueño de la finca, empezamos a tenerlo claro.

Hubo una serie de escuchas telefónicas que oímos con el comisionado de la CICIG en el que integrantes de La Línea acordaron tener una reunión para hablar de repartir porcentajes. Se preguntan: “¿Va llegando?”, y dicen: “Que llega el número uno, el mero mero”, y uno se da cuenta de que es el presidente, porque a él lo cuida la Saas (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad). “¿Ya está la Saas ahí?”, preguntan. “Sí, ya está”. Solo podía ser el presidente quien estaba ahí.

Hay otra escucha en la que Salvador Estuardo González habla con la vicepresidenta (era el hombre que manejaba sus empresas). A ella no la podíamos escuchar, por la inmunidad que tenía, pero él dice: “Mire, esa reunión de anoche, el pres… el presi… el presidente de la empresa está molesto con los porcentajes”, y una sabe que discutieron porcentajes, que la estructura estaba molesta porque era como el 50 por ciento para la pareja presidencial y el 50 por ciento para todos los demás. Es a partir de ahí, con mucha pena y tristeza, que una tiene que reconocer y aceptar que son ellos.

¿Lo sintió como algo personal?

Me sentí defraudada porque lo conocía. Él nunca pensó que iba a pasar esto. La impunidad de tantos años permitió pensar que no se podía hacer justicia.

¿Cuál es la situación legal del presidente y del vicepresidente del país? 

Contra el hijo y el hermano del presidente Morales hay una investigación en curso. Seremos objetivos. En el caso del hijo del vicepresidente, a raíz de informes periodísticos, he pedido a la secretaria general del Ministerio Público que haga un análisis de la situación para ver si abrimos una investigación, para decidir si esperamos, o actuamos ya. El análisis será objetivo.

¿Qué ha dejado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala?

Todo esto se debe al acompañamiento de la CICIG. El gobierno pidió la CICIG en 2006. El presidente de esa época (Óscar Berger) tuvo el valor de reconocer que Guatemala necesitaba una asistencia internacional urgente en el sector justicia. Así comenzó el fortalecimiento del Ministerio Público. Por poner un ejemplo: no había escuchas telefónicas, no había análisis criminal, pudo reformarse la ley contra la delincuencia organizada. Todas esas herramientas son las que hemos usado para actuar este año. ¿Qué hubiéramos hecho sin esas herramientas?. Muy poco.

¿Es partidaria de que la asistencia internacional continúe?

Es el gobierno quien tiene que ir a Naciones Unidas a pedir que se prolongue y refuerce la misión. A mí me gustaría que se prolongara y se ampliara. Queda mucho por hacer todavía. Vamos a instalar una sede en Quetzaltenango para trabajar en Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. Para investigar estructuras corruptas dentro del Estado, fuera de la capital. Hay que llevar esta estructura y este modo de funcionamiento a otros departamentos al interior del país. Yo quisiera que este modelo de trabajo se ampliara y continuara al menos ocho años más.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en su trabajo?

Su participación es fundamental. No peligra ni puede peligrar. Cuando empezamos a investigar a La Línea, el Ministerio de Finanzas nos cerró la llave del presupuesto. Tenía que llamar cada mes para pedir que pagaran los salarios. Cuando eso sucedió, la comunidad internacional nos dio el apoyo, el equipo que necesitábamos. Ahí estaba la embajada de Estados Unidos. Lo hacen de buena fe. Son totalmente necesarios. Sin ese apoyo se cae totalmente toda esta línea de trabajo.

¿El de Guatemala es un modelo exportable a otros países que atraviesan problemas de corrupción e impunidad, como Honduras o El Salvador?

Cualquier país del mundo que de verdad quiera encarar la lucha contra la corrupción puede ir a Naciones Unidas y pedir un mecanismo como este para recibir apoyo. Funciona. Pero hay que respetar la soberanía de los países. Tiene que ser el país quien lo pida.

Se habla mucho de su posible incursión en política, teniendo en cuenta su altísimo nivel de popularidad. ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Yo no podría incursionar en la política de este país porque no tengo dinero. Para hacer política se requieren alianzas. No tengo partido ni me siento identificada con partidos. El que me parece mejor es Encuentro por Guatemala, pero no acabo de encontrarme cómoda pensando en eso. (Encuentro por Guatemala es un pequeño partido de centro-izquierda fundado por Nineth Montenegro, diputada hace 20 años, que empezó su carrera política buscando a su esposo desaparecido durante la guerra civil).

Nunca he pensado en renunciar. Salir del país debería ser una opción al terminar mi mandato. Pero no tengo los recursos para hacerlo. Cuando entregue el cargo pediré la seguridad que se requiere para no quedar en situación de vulnerabilidad. Solo estoy haciendo mi trabajo. Soy fiscal general hasta mayo de 2018. Yo me postulé, nadie me obligó. No pretendo pasar a la historia.

Todos los días antes de dormir rezo un padrenuestro. Siempre.

 

 

 


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