23 de Enero 2017

Levanta las aguas denuncia de Juez contra magistrada Stalling


Redacción Emisoras Unidas

El juez vocal Carlos Giovanni Ruano Pineda se excusó de seguir conociendo el proceso del caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, debido a que, según él, recibió presiones de la Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El letrado agregó que ya presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), en la cual explica en qué consisten las presiones de Stalling.

“Ella solicitó mi presencia en su despacho a efecto hacer requerimientos sobre el presente debate”, dijo el juez ante los sindicados y abogados en el proceso.

Agregó: “Antes de ser juez, soy abogado. Tomé las acciones pertinentes a efecto de documentar mi presencia. Mi trabajo ha sido transparente, honesto, comprometido con la sociedad y he aportado todos los documentos que sirvan de sustento para cualquier acción futuras. Fácil sería decirse después que me comprometí y que estuve dispuesto a presiones formuladas por la magistrada”.

Mientras los abogados defensores solicitaron 24 horas para pronunciarse al respecto, la parte acusadora, fiscales del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y querellante adhesivos dijeron no tener inconveniente con la decisión del juez.

La diputada Nineth Montenegro indicó que si el juez está denunciando presiones de la magistrada Stalling, “es cierto”, ya que, según ella, “existen antecedentes que la señalan de cometer acciones fuera del orden”.

El congresista Orlando Blanco señaló es un señalamiento muy fuerte de parte del juez y que el MP debe actuar de oficio en este caso y dijo que no sería extraño que en el Congreso se presentara en las próximas semanas un informe en el cual se solicite el retiro de inmunidad de la magistrada.

Stalling Dávila aseguró no tener ninguna enemistad con el juez vocal y que si en todo caso hubiera injerencia en su independencia judicial no es una causal para presentar una denuncia después de 33 audiencias del proceso.

Ahora será la Sala Segunda Penal de Apelaciones la que determinará si las aparentes presiones contra el juez Ruano Pineda son motivo suficiente para que él se aparte de seguir juzgando el proceso IGSS-Pisa.

Según abogados litigantes, la resolución de la Sala podría tardarse diez días y la ley dice que si en diez días no hay una respuesta, el proceso deberá comenzar de nuevo.

Mario Alberto Taracena, presidente de la Asociación de Jueces del Organismo Judicial, señaló que verificará si el juez cuenta con seguridad, y que de no ser así, estará efectuando las gestiones necesarias para que se le asignen guardaespaldas.





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