23 de Marzo 2017

“No hay que vender la seguridad de un juez por un bono de riesgo”


Redacción Emisoras Unidas

En el programa A Primera Hora de hoy estuvieron como invitados Mario Alberto Taracena, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, y Jorge Luis Donado, abogado penalista, ex fiscal del Ministerio Público y ex asesor de la comisión técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Los invitados realizaron un análisis profundo acerca de la solicitud de los operadores de justicia que solicitaron un bono de riesgo por Q6 mil para jueces y magistrados a nivel nacional, con la justificación de que corren peligro, físico y social, durante sus funciones judiciales.

Coincidieron en que ese bono económico no resuelve el problema estructural que representa el trabajo de “todos los operadores de justicia”, y que esta es sola una forma de estimular el trabajo que realizan los trabajadores del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, también hubo cuestionamientos por parte de Ibarra que sugiere que los jueces y magistrados deberían luchar más por una estrategia de seguridad integral y “no vender la seguridad en sus funciones a cambio de un bono económico”.

El juez Mario Alberto Taracena señaló que el tema de riesgo entre jueces y magistrados “es permanente”, pero que a pesar dese se han dedicado a realizar las actividades judiciales que les corresponden. “No es porque estemos en diciembre. Todos los meses está el tema vigente por sentimientos de riesgo. Los jueces y magistrados están a la cabeza de los procesos y a la luz pública por las resoluciones que se dictan”, enfatizó.

Por su parte, el abogado José Luis Donado, dijo que el tema del bono no resuelve el problema que se plantea. “Ahora, qué tan consciente está la sociedad de este asunto es otra cosa. La gente ve al sistema de justicia como una luz al final del túnel, lo cual ha generado esperanza al ciudadano para salir de atolladero en que nos encontramos”, expresó.

La conclusión final es que se debe analizar la forma en que los funcionarios de la CSJ y del OJ realizan su petición y que es necesario fortalecer la seguridad de los jueces y magistrados, pero sobre todo dignificar sus labores judiciales al servicio de la sociedad.

Juez Mario Alberto Taracena

“El tema de riesgo de los jueces y magistrados es permanente, pero nos hemos dedicado a realizar nuestras actividades. El Ministerio Público otorgó un bono de riesgo a fiscales y oficinistas; el Instituto Nacional de ciencias Forenses (Inacif), dio Q8 mil a sus empleados; la Policía Nacional Civil (PNC) dio un bono a los agentes. ¿Por qué los jueces y magistrados no pueden tener uno?”

“Estamos conscientes de que Organismo Judicial no podría cubrir todas las necesidades de seguridad de jueces y magistrados. A nivel de Centro América somos los más desprotegidos, tanto en seguridad como en previsión social.”

Carmen Aida Ibarra, resume

“Lo infortunado es el nombre que le pusieron a bono: “de riesgo”. Todos los jueces y magistrados corren riesgo, pero esas amenazas y los peligros que les acechan no van a desaparecer con un bono de Q6 mil. Eso es tratar con demasiada sutilidad un problema serio.”

“Los jueces y magistrados deberían pelear por una política salarial que mejore su salario. Ha habido bonos en pactos colectivos y negociaciones laborales en diversas instituciones, pero eso no es más que un saqueo”.

“La seguridad implica cambios estructurales dentro del sistema de justicia, en el cual debe involucrarse el Ministerio de gobernación, si de verdad estamos hablando de seguridad. Como está planteada la solicitud, no es nada más que un nuevo aguinaldo endosado con diferente tacuche”.

Abogado Jorge Luis Donado

“No todos están conscientes de la situación de los jueces. Necesitamos propuestas más estructuradas y estrategias más definidas por quienes dirigen la administración de justicia. Es penoso que todos los operadores de justicia, todos, se desarrollen con los presupuestos que tienen”.

“El tema de seguridad no es solo un guardia o un vehículo. Se tienen que fortalecer las instituciones para que las personas no personalicen el ejercicio de la función por parte de fiscales y no den nombre y apellido a las resoluciones o forma de actuar de un juez, porque eso les eleva el riesgo a estos funcionarios”.

“La vida vale muy poco en Guatemala. Durante el tiempo que trabajé en el MP, amigos fiscales y jueces fueron asesinados de la forma más fácil, y esos crímenes han quedado en la impunidad. El juez es muy vulnerable como cualquier ciudadano, pero aún mas por las exposición en que se encuentra”.






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