La Fiscalía de El Salvador investiga a los dos principales partidos políticos por el supuesto pago de 350.000 dólares que hicieron a las pandillas en las elecciones presidenciales de 2014, en las que se impuso el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, a cambio de votos, informó un funcionario de la institución.
El director de Áreas Especializadas de la Fiscalía, Allan Hernández, sostuvo en una conferencia de prensa que la entidad mantiene abiertas investigaciones de todas las revelaciones surgidas en un juicio contra los operadores de una tregua entre las pandillas (2012-2014), entre las que se incluye la compra de votos.
“Esas revelaciones importantes que se dieron en el juicio no han quedado en esa etapa, sino que hay una investigación abierta”, pero “los pormenores y los resultados que nos pueda arrojar la recolección de elementos probatorios que se están llevando será algo que en su momento la población podrá conocer”, señaló.
De acuerdo con un testigo de la Fiscalía, identificado solo como “Nalo de Las Palmas” y líder de la pandilla Barrio 18, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pujaron por los votos de estas bandas, que tienen unos 60.000 miembros.
–
El pandillero relató que antes de la primera vuelta de los comicios presidenciales, el FMLN entregó 150.000 dólares a las dos principales pandillas y el trato incluía que las mismas impedirían que los correligionarios de Arena votaran libremente.
De los cinco candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales del 2 de febrero del 2014, ninguno alcanzó los votos necesarios para ganar la presidencia, por lo que Sánchez Cerén, del FMLN, y Norman Quijano, de Arena, se fueron a un balotaje el 9 de marzo de ese mismo año.
“Nalo de Las Palmas” apuntó que previo a la segunda vuelta el FMLN entregó otros 100.000 dólares y que, ante la ventaja de casi 10 puntos porcentuales que obtuvo el candidato oficialista sobre Quijano, Arena les dio la misma cantidad de dinero.
Hernández no descartó que el entonces ministro de Seguridad y actual de Defensa, David Munguía Payés, sea procesado por las irregularidades cometidas en los penales, dado que durante el juicio admitió que sabía de la existencia de teléfonos en estos centros y que no tomó acción para sacarlos.
Lo declarado por Munguía Payés “será del escrutinio de la nueva investigación abierta, si es que los fiscales lo considera atinente o el titular” de la Fiscalía, Douglas Meléndez, “lo ordena”, sostuvo.
Tras el fin del armisticio, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
Con información de la agencia: EFE
