Las violentas pandillas de El Salvador se han transformado en un movimiento social que mantiene su carácter criminal, y han desarrollado una mayor capacidad de resistir las severas medidas de seguridad que buscan erradicarlas, estimaron analistas.
Las llamadas “maras”, consideradas responsables de gran parte de la violencia que golpea al pequeño país centroamericano de menos de 7 millones de habitantes, se han transformado para formar una base social que los apoya, indicó a la AFP la investigadora Jannet Aguilar.
Nacidas en calles de Los Angeles, Estados Unidos, las pandillas cuentan en El Salvador con unos 70.000 miembros, de los cuales 16.000 están encarcelados.
Estas organizaciones se adaptaron a la represión y se configuran como un “movimiento social con rasgo criminológico”, el cual “es el resultado de la desatención sistemática del Estado durante décadas de amplios sectores”, estimó Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador.
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En la base social de las pandillas figuran sus familias, que viven de las extorsiones, y una red de colaboradores que aceptan ser informantes, en muchos casos por intimidación.
La investigadora universitaria reconoce que con las medidas represivas adoptadas por el gobierno, los homicidios bajaron en forma significativa, pero el fenómeno pandillero sigue latente, así como los niveles de inseguridad que provocan en áreas urbanas y rurales.
De enero a julio se registraron 2.092 homicidios, cifra menor a los 3.434 casos de igual período de 2016 en este país de escasos 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes, según el Instituto de Medicina Legal.
La proyección de las autoridades es que el año concluirá con un promedio de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo para un país sin conflicto armado.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 afrontan desde marzo de 2016 una constante persecución por la policía y fiscalía, que establecieron rigurosas medidas de seguridad en los presidios para cortar la comunicación de los cabecillas encarcelados y los que están en las calles.
– Sin solución mágica –
Pero “no hay soluciones mágicas” contra las pandillas que den resultados en el corto plazo, advierte el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, especialista en temas de seguridad.
El analista recuerda que las maras han estado presentes en los 20 años de gobiernos de derecha y en ya casi una década de gobiernos de izquierda, por lo tanto para “desmantelar esas agrupaciones se va a requerir de varios períodos presidenciales y de una estrategia integral”.
“Es muy difícil para las autoridades enfrentar una problemática tan compleja donde las maras no respetan ningún código de ningún tipo y utilizan cualquier método brutal, sangriento e inhumano para cometer sus fechorías”, reflexiona Medrano.
La atención de las autoridades salvadoreñas a la actividad delictiva de las pandillas se incrementó en julio pasado durante la visita del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien advirtió sobre el peligro de la expansión internacional de la Mara Salvatrucha, a la que calificó como una de las más brutales del mundo y cuyos “tentáculos” alcanzan a pocos metros del Capitolio, en Washington.
– Combate de extorsiones –
Mientras las pandillas se han cobrado la vida de 26 efectivos de la policía y del ejército en lo que va del año, el gobierno mantiene amplias operaciones con capturas masivas para combatir los homicidios y las incesantes extorsiones.
Para frenar las extorsiones de las pandillas, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció el sábado pasado que pondrá en marcha nuevas y “fuertes” medidas punitivas.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez, señaló en un informe preliminar tras una visita la semana anterior a El Salvador, que fue informada del “impacto devastador” de la violencia pandillera.
Según Jiménez, “la extorsión de personas y pequeños negocios es generalizada”, y es vista “como un impuesto de las pandillas a las comunidades locales”.
Para la relatora, El Salvador vive una crisis no reconocida por el desplazamiento de personas que huyen de la violencia pandillera.
Con información de la agencia: AFP
