El juicio por el genocidio de indígenas ixiles contra el general retirado José Efraín Ríos Montt, que no podrá ser condenado a penas de cárcel por su demencia, se reanudará mañana a puerta cerrada.
Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982-1983, ya fue juzgado por la matanza de 1 mil 171 indígenas ixiles y condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de deberes contra la humanidad, el 10 de mayo de 2013.
Sin embargo, diez días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia por fallos en el proceso judicial y ordenó un nuevo juicio.
Juan Francisco Soto, Director de Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), estuvo como invitado en el programa A Primera Hora y planteó su visión del caso, desde su particular posición.
¿Cómo se entiende la reanudación del caso?
Fuimos notificados la semana pasada sobre la continuación del debate contra el general José Efraín Ríos Montt, por genocidio. Recordemos que el segundo debate comenzó el año pasado, donde se demostró el caso.
Como partes en el proceso presentamos un recurso de amparo por la resolución de la CC, por el estado de salud del acusado, es un juicio por medidas de seguridad. Una de las características es que debe ser a puerta cerrada, se le nombra un tutor, no puede ser público. La ley lo establece.
El otro acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, también tiene derecho a tener un juicio oral y público, al igual que las víctimas. La defensa de Rodríguez Sánchez apeló, y la CC dijo que se deben separar los recursos.
¿Qué le han dicho las víctimas?
Las víctimas nos han dicho que se respete el debido proceso. Nosotros tenemos nuestro punto de vista. Creemos que hay una contradicción en lo que la CC ordena. Habla sobre que se violaron las garantías, y en el ‘Por tanto’ señala que deberá dejarse incólume todo y continuar con los procesos.
En el mismo Tribunal, en el caso de Rodríguez Sánchez, ya se dieron más de 10 audiencias a puerta cerrada. A él ya se le violentó el debido proceso. Ahora esperamos que el Tribunal resuelva como corresponde.
¿Qué dice de la posible violación de los derechos humanos de Ríos Montt?
Es un tema legal. Lo que se establece el artículo 484 del Código Procesal Penal es que se realiza el juicio a puerta cerrada por medidas de seguridad.
Estamos conscientes de salud del señor Ríos Montt. No es cuestión de venganza, es de justicia. Las víctimas son las más de 2 mil personas de la comunidad ixil. Eso estamos viendo. Además, ya han muerto más de 4 testigos que no verán justicia.
Insistimos en que este no es un tema de dinero. No es de revancha. Es de justicia, en el que se debe respetar el debido proceso.
¿Por qué lleva este caso…?
Estamos llevando el proceso porque las víctimas nos lo pidieron. El cálculo, según el peritaje, es que murió el 5 por ciento de la población Ixil. Uno puede irá a la región ixil… a Chimaltenango, a todo el país… En este país hubo un conflicto, se agredió a la población civil.
No es un tema de condenar al Estado. El proceso es personal, no se está demandando al Estado. Se lleva por la responsabilidad individual de quienes tenían cargos en ese momento. Es un tema de hacer justicia, de que la ley llegue a cualquier persona en este país.
¿Hubo guerra o genocidio?
En Guatemala lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre el Ejército y grupos subversivos. Pero hasta en las guerras hay normas, hay leyes que se deben respetar. No se puede atacar a la población civil. Es cierto, murió gente del Ejército y de la guerrilla, pero no se podía atacar a la población.
¿Qué esperan en este proceso si el acusado ha sido declarado en estado de interdicción?
El proceso lo conocen los tribunales. Lo conocieron en Primera Instancia, en Sentencia, en Apelación, en la CSJ, en la CC. Si no se pudiera dar el proceso, es todo el sistema el que no lo conocería.
El artículo 484 del Código Procesal Penal dice que se debe llevar este proceso. Es un Tribunal que se está integrando ahora, porque ya había sido desintegrado… a la jueza Sara Yoc Yoc la quitaron. Veremos cómo va a programar el Tribunal.
#EUJuicioPorGenocidio Juan Francisco Soto: “Las víctimas sufrieron graves violaciones a los derechos humanos y lo que quieren es justicia”. pic.twitter.com/XMGh0QxtHf
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 12, 2017
¿Qué le cuentan las víctimas?
Tenemos que buscar la verdad. Es importante que se discuta lo qué pasó para que no se repita.
¿En Guatemala hubo genocidio?
Hay víctimas, documentos militares. Está el denominado Plan Sofía que señalaba que el 100 por ciento de la población ixil era proclive a la subversión. Ya la califica como enemigo interno. Califica al grupo étnico, a la población, está en el apartado de inteligencia militar.
Se califica, se tiene como enemigo y se realizan operaciones en su contra. El general Héctor Gramajo en su libro habla de la técnica 100 por ciento (se arrasa con todo), de la técnica del 30/70 con Rios Montt, se arrasa el 30 y se concentra el 70.
Las víctimas lo que quieren es justicia, lo que vivieron es un drama y están buscando justicia, como una medida de no repetición de los hechos. No están demandando al Estado, no buscan resarcimiento. Que el Estado cumpla con impartir justicia a todos los ciudadanos, respetando el debido proceso, como en 2013.
¿La sentencia fue o no anulada?
La Corte no anuló la sentencia. Los magistrados Alejandro Maldonado Aguirre y Héctor Pérez Aguilera señalaron que nunca se anuló la sentencia, sino que ordenaron retrotraer le proceso. No es cierto que se haya anulado la sentencia por genocidio.
Ley de Reconciliación señala que debe hacerse justicia y que debe haber resarcimiento, ¿qué espera recibir Caldh?
Caldh no espera nada, solamente acompañar a las víctimas y que tengan acceso a la justicia.
Todo el tema probatorio, no es la jueza Jazmín Barrios la que lo toma. Eso viene desde el juez contralor del proceso. Las partes ofrecieron los medios de prueba y en ellos se pone para qué se ofrece, es más técnico.
Yo no puedo decir que ofrezco un testigo que hable de A y luego que le pregunten de Y o Z. Esas son cuestiones que los abogados deben velar porque esté bien el ofrecimiento.
Lo que hizo el tribunal fue respetar el debido proceso. En cuanto a la sentencia, en el proceso se han tenido que enfrentar varias resoluciones contrarias: el voto razonado de la jueza Yoc Yoc, la sentencia misma de la CC que ordenó retrotraer el proceso; la jueza Carol Patricia Flores que ordena anular todo lo actuado.
#EUJuicioPorGenocidio | Juan Francisco Soto: “Nosotros no hemos demandado al Estado de Guatemala”. pic.twitter.com/h6jYLQGQck
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¿Las víctimas piden resarcimiento?
No hemos demandado al Estado. Para poder recibir algo hay que demandarlo. La CorteIDH no va a dar nada si no se le está pidiendo. Las víctimas tienen derecho a que se les resarza. El Estado ha implementado programas de resarcimiento. En este caso, más del 90 por ciento pidieron justicia. No es un tema de revancha, es ideológico. Las víctimas piden justicia.
¿Quién les paga a ustedes…?
Cualquier persona tiene derecho a un salario… todos tenemos qué vivir de algo. Tenemos cooperación internacional. Nuestro trabajo no le cuesta al Estado, no nos pagan de los impuestos de los guatemaltecos. Es la confianza de organizaciones y países amigos que quieren que se fortaleza el estado de Derecho en Guatemala.
En la medida que Guatemala de mayor certeza jurídica, los negocios van a funcionar mejor. No nos estamos volviendo millonarios, no tenemos lujos, simplemente hacemos un trabajo profesional. Más que dinero, es un tema de convicción.
¿Qué hay que hacer para que lo que pasó no vuelva a ocurrir?
La justicia debe funcionar. El Estado debe asumir su papel de qué fue lo que realmente ocurrió. Que se haga una discusión buscando la verdad, que las futuras generaciones conozcan lo que sucedió para que no vuelva a pasar. Que las dos partes se cuenten la verdad. Que la justicia, la memoria y la verdad sean garantías. Hay que reconocer que los hechos sucedieron, que las víctimas solicitan justicia.
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