La oposición venezolana descartó juramentar este miércoles a sus cinco gobernadores electos ante la Asamblea Nacional Constituyente, pese a que el gobierno amenazó con destituirlos si no se subordinan a esa instancia oficialista.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “ante el chantaje de la fraudulenta Constituyente, reitera ante el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional que los gobernadores electos solo se someterán al mandato establecido en la Constitución y las leyes”, subrayó la coalición en un comunicado.
“Nada más prestarán juramento ante Dios y los consejos legislativos respectivos y no ante la fraudulenta Asamblea Constituyente”, añadió la MUD poco antes de que comience la sesión especial en el Palacio Legislativo, prevista para las 15:00 hora GMT.
La ceremonia ha despertado expectativa pues aunque la MUD había dicho antes que sus gobernadores no jurarían ante esa instancia que consideran “ilegal”, sus divisiones internas dejaban dudas sobre si finalmente acudirían.
La MUD explicó que su posición está basada en el “compromiso” con los más de siete millones de venezolanos que, asegura, votaron en un plebiscito que realizó en julio -no reconocido por el poder electoral-, en el que se rechazó “el fraude Constituyente”.
Aún no está claro qué pasaría si los gobernadores son destituidos por no juramentarse, pero la Constituyente tiene poderes absolutos y seguramente será la que decida cómo serán sustituidos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al gobierno de Nicolás Maduro, otorgó al oficialismo este miércoles -tres días después de los comicios- la victoria en el estado Bolívar (fronterizo con Brasil), con lo que el partido socialista sumó 18 gobernaciones de 23.
La proclamación de Bolívar, único estado que había quedado sin definir el domingo, se realizó en medio de denuncias de “fraude” en esa región por parte del candidato opositor.
Los resultados de las elecciones regionales del domingo fueron desconocidos por la MUD y cuestionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y una docena de países de América Latina, que piden una auditoría completa e independiente.
La oposición, que figuraba favorita en todos los sondeos, denunció una serie de irregularidades en el proceso, como el uso de papeletas confusas y la reubicación a última hora de centros electorales de zonas donde el voto opositor es mayoritario.
