Con información de la agencia de noticias: AFP
Médicos, profesores o directivos de empresas públicas figuran entre los posibles blancos de un nuevo órgano extrajudicial bautizado “Comisión Nacional de Supervisión” (CNS). Fue creado para ampliar a los funcionarios la caza de los corruptos y sus prerrogativas se definirán el martes en un voto en el parlamento.
El nuevo gendarme completará el papel desempeñado por la temible comisión de disciplina del Partido Comunista Chino (PCCh), que llevó a cabo en los últimos años una verdadera inquisición contra los sobornos, tanto contra los “tigres” (funcionarios de alto rango) como contra “las moscas” (de nivel inferior).
Algunos observadores sospechan que la campaña anticorrupción ha permitido a Xi Jinping apartar a opositores internos.
Los defensores de los derechos humanos temen que la CNS imprima una apariencia legal a una represión que se ha traducido en detenciones secretas, todo ello en medio de acusaciones de tortura.
El nuevo sistema fue inscrito en la Constitución y “tiene la apariencia de legalidad” pero no contiene “ninguna mejora destacada que permita garantizar un procedimiento equitativo”, advierte Maya Wang, de Human Rights Watch.
Según esta organización de defensa de los derechos humanos, al menos 11 sospechosos murieron en detención entre 2010 y 2015 cuando estaban siendo interrogados por la comisión de disciplina del Partido Comunista.
El actual secretario adjunto de dicha comisión, Yang Xiaodu, fue nombrado el domingo en la presidencia del nuevo CNS.
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– ‘Ninguna garantía’ –
La nueva ley, que no menciona el papel de los abogados, autoriza a la CNS a interrogar sospechosos durante seis meses. Los familiares de las personas arrestadas deben ser advertidos en un plazo máximo de 24 horas, a no ser que esto “perjudique la investigación”.
“No hay ninguna garantía de juicio justo, ni siquiera las garantías elementales existentes en los procedimientos penales chinos”, dice Wang, indignada.
El régimen reconoce que estas detenciones preventivas tienen como objetivo hacer hablar a los sospechosos.
“Nos esforzamos en convencer a las personas investigadas de que redacten confesiones”, explicó un responsable provincial al margen de la sesión anual del Parlamento chino, que termina el martes.
En su provincia de Zhejiang (este), la detención provisional dura un promedio de casi mes y medio antes de que los sospechosos sean transferidos a las cortes penales, precisó. Reconoce que los acusados no tienen derecho a un abogado.
Chen Qian, de 58 años, empleado municipal de la provincia de Shanxi (norte), fue el año pasado uno de los primeros funcionarios en ser procesados en virtud del nuevo sistema de arresto. Lo detuvieron inicialmente bajo dos acusaciones pero cuando el caso llegó al tribunal penal los cargos contra él habían subido a 38.
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– Supervisores no supervisados –
“Chen Qian confesó los otros 36 casos durante su arresto”, declaró su abogado, citado en documentos judiciales.
La nueva Comisión de Supervisión no está sometida a control. Las autoridades chinas lo justifican alegando la necesidad de poder procesar a los altos cargos.
“Lo que nos preocupa es que la CNS está por encima de la vigilancia del sistema judicial”, afirma Patrick Poon, de Amnistía Internacional.
Los servicios anticorrupción no son incorruptibles. Pekín reconoció el año pasado que 7.900 de sus investigadores fueron procesados.
“Nuestro trabajo de control se topa con problemas”, reconoce Zhou Chengkui, un exsecretario adjunto del parlamento, en una entrevista reciente.
Es difícil calcular cuántos funcionarios tendrán que responder ante la nueva instancia, pero sólo en Pekín, donde se lanzó una comisión de supervisión local de forma experimental, el número de personas se multiplicó por cuatro, hasta un millón, según responsables municipales. O sea el 5% de la población de la capital.
Con información de la agencia de noticias: AFP
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