Con información de la agencia de noticias: AFP
La corte suprema de Brasil decide este miércoles bajo fuertes presiones si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser detenido, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.
Las calles de acceso a la corte en Brasilia están bloqueadas desde la madrugada; a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF), la policía montó un vallado para separar a los partidarios y los adversarios de Lula.
Los once magistrados del STF empezarán los debates a las 14:00 horas local (17:00 horas GMT). La sesión será transmitida en directo por televisión.
Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el STF para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
Si su recurso (un habeas corpus) es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia desató los profundos antagonismos políticos en la mayor economía latinoamericana y enrareció el clima de precampaña de las elecciones generales de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985.
Lula da Silva ante la encrucijada judicial de si va a prisión o mantiene la libertad.
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El martes por la noche, decenas de miles de personas desfilaron en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades al grito de “Lula nunca más” y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la investigación Lava Jato sobre el escándalo de Petrobras.
El que fue el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.
“Es un juicio muy politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un expresidente, que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de intención de voto”, dijo a la AFP el experto en derecho penal y criminología Jovacy Peter Filho.
“Es, probablemente, un caso único en el mundo”, añadió.
La polarización dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país.
Se espera que Lula siga el proceso desde el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Paulo, cuna de su ascenso que lo llevó desde el gremialismo hasta la jefatura de Estado.
El caso Lula, entre el derecho a la presunción de inocencia y la impunidad.
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– Ejército contra “la impunidad” –
Las presiones se hacen sentir con fuerza sobre el STF.
En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”.
El mensaje recibió un entusiasta apoyo del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un ex militar, segundo en las encuestas electorales (aunque con la mitad de intenciones de voto de Lula).
“El partido del Ejército es Brasil (…) Su comandante es un soldado al servicio de la Democracia y la Libertad. Así fue en el pasado y así será siempre. Con orgullo: ‘Estamos juntos, General Villas Boas2′”, escribió Bolsonaro.
El ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna, trató de restar importancia a la declaración de Vilas Boas. El jefe del Ejército “está preocupado por los preceptos constitucionales (…) El mensaje es que la población puede estar tranquila, pues las instituciones aquí están. No es un mensaje de uso de la fuerza. Es lo contrario”, aseguró el ministro, en respuesta a una pregunta del diario O Globo.
La fiscal general de la República, Raquel Dodge, se pronunció explícitamente por el respeto de la norma que puede llevar a Lula a la cárcel. La existencia de cuatro instancias de apelaciones es “una exageración que aniquila al sistema de la Justicia, porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla”, declaró.
La última discusión sobre el cumplimiento de la pena desde la condena en segunda instancia terminó con un ajustado 6 a 5 a favor de la jurisprudencia vigente.
Sus partidarios invocan el riesgo de que un cambio de jurisprudencia aseste un golpe a la investigación Lava Jato y saque de la cárcel a detenidos por crímenes comunes, algo que es rechazado por la defensa de Lula.
Con información de la agencia de noticias: AFP
Caravana de Lula es atacada con piedras y huevos en sur de Brasil.
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