El expresidente panameño Ricardo Martinelli será extraditado a su país en los próximos días, una decisión comunicada hoy por el Departamento de Estado de EE.UU. a su defensa justo cuando está a punto de cumplir un año en prisión en Miami.
El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, subrayó a Efe en una conversación telefónica que lo más probable es que viaje del “lunes en adelante”, aunque otras fuentes cercanas al mandatario habían dicho en Panamá que el traslado iba a ser “inmediato”.
Se necesita coordinar el viaje con las autoridades panameñas, pues no son las estadounidenses las que lo llevan a Panamá, “tienen que venir a buscarlo”, subrayó Camacho.
El Departamento de Estado no informó oficialmente de su decisión, pero Tom Heinemann, que se identifica como el funcionario responsable de los casos de extradición internacional en esa cartera, sí se lo comunicó hoy por carta a la abogada de Martinelli Inna Shapovalov, que tiene su despacho en Fort Lauderdale (Florida).
La extradición, según la carta con fecha de 8 de junio a la que Efe tuvo acceso, es por los cuatro delitos por los que fue solicitada, todos ellos relacionados con una red de escuchas ilegales a políticos, periodistas y otras personas que funcionó durante su Presidencia (2009-2014), incluido uno de malversación de fondos por la compra de los equipos para espiar.
En los casi 12 meses transcurridos desde su detención, que se cumplen el martes 12 de junio, Martinelli ha estado en una cárcel adyacente a los tribunales del centro de Miami, un lugar del que no ha podido salir en todo ese tiempo a pesar de los intentos de la defensa por lograr la libertad bajo fianza a toda costa.
Por sus mensajes en las redes sociales y por sus allegados se sabe que su encarcelamiento le resulta cada vez menos soportable.
“Sepan que me llegan todos los miles de mensajes que mandan por redes, con familiares, con amigos… Les doy eternas gracias, su apoyo es clave para aguantar este infierno”, escribió en Twitter el 24 de mayo pasado.
En ese mismo mes sus abogados anunciaron que el expresidente, que afirma ser víctima de una “vendetta política” de parte del actual mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, que fue vicepresidente durante su mandato, iba a retirar las apelaciones que había planteado después de dos fallos de jueces federales estadounidenses a favor de su extradición.
El fin de esa medida era dejar que el caso pasara cuanto antes al Departamento de Estado, que tiene la última palabra sobre las extradiciones solicitadas a Estados Unidos.
El 30 de mayo en una rueda de prensa en Miami la abogada Inna Shapovalov, quien defiende al exgobernante en esta última fase del proceso, informó de que había pedido al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que tuviera en cuenta las “motivaciones políticas” del caso y no extraditase a Martinelli.
La abogada llegó a decir que el actual mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, es capaz de violar los “derechos humanos” de su antecesor.
Advirtió de que si Martinelli era entregado a la Justicia de su país, existía la “posibilidad” de que recibiese un tratamiento inhumano, que fuera “torturado” por parte de las autoridades y que no se respetase el debido proceso.
En la carta enviada hoy a la abogada, Heinemman no pasa por alto esas afirmaciones.
El funcionario estadounidense dice que la decisión de extraditar a Martinelli no es contraria a las obligaciones de EE.UU. con la Convención contra la Tortura y otros tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes a pesar de lo afirmado por la defensa que podría ocurrirle en Panamá.
No obstante, señaló que las afirmaciones de Shapovalov pueden implicar “temas humanitarios importantes”, por lo que el Departamento de Estado las va a tener en consideración y puede tomar medidas como “obtener información y compromisos del Gobierno solicitante (Panamá)” para responder a “las preocupaciones identificadas” por la defensa.
Además de estas denuncias, Martinelli invocó en las últimas semanas ante el Departamento de Estado que cuando fue presidente siempre fue un aliado de Estados Unidos y defendió sus intereses.
En una carta dirigida al Gobierno y el pueblo de EE.UU. el pasado 25 de mayo mencionó la interceptación en 2013 de un barco cubano que llevaba ocultas armas para Corea del Norte y la lucha para evitar que Panamá fuera usado como vía de paso de las drogas producidas en Suramérica y destinadas a Estados Unidos.
