A partir de esta semana, los pasajeros que ingresen a Nueva Zelanda estarán sujetos a nuevas regulaciones que pueden poner en juego su privacidad.
El departamento de aduana impondrá multas a quienes se nieguen a compartir la contraseña de sus dispositivos.
Esta medida está causando polémica en Nueva Zelanda, pues los usuarios que no desbloqueen o no faciliten sus contraseñas para revisar su móvil, deberán pagar multas de hasta 5 mil dólares.
La normativa se debe a una actualización de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, que se ha puesto en marcha desde el 1 de octubre del año en curso.
Búsquedas
Esta ley se aplica tanto para extranjeros como a los nacidos en el país.
Terry Brown, un portavoz de aduanas, dijo que una vez que se proporcionara una contraseña, se realizarían “búsquedas preliminares” con el smartphone o computador de un viajero, explorando solo los archivos guardados en el dispositivo, no los historiales de navegación u otra información cargada en el almacenamiento en la nube.
Específicamente, esta norma establece que pueden monitorear los dispositivos móviles o equipos de un pasajero, si este tiene actitud sospechosa.
No obstante, las autoridades pueden revisar cualquier dispositivo sin explicar por qué le pareces sospechoso.
“El motivo de las inspecciones son los grupos criminales que usan cada vez maneras más sofisticadas de pasar cosas por la frontera“, argumenta el Ministro de Aduanas, Kris Faafoi.
Reacciones
Thomas Beagle, portavoz de los defensores de las libertades civiles, afirma que los dispositivos digitales contienen mucha más información privada que el equipaje de una persona y, por lo tanto se trata de un “invasión injustificada de la privacidad“.
Katina Michael, profesora especializada en temas de vigilancia, dijo que las leyes de la mayoría de los países permitían a los funcionarios confiscar dispositivos, si no se proporcionaban contraseñas o se sospechaba actividad ilegal.
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Pero las nuevas multas en Nueva Zelanda agregaron un “factor de miedo” para presionar a las personas, para que entreguen sus contraseñas.
Los funcionarios afirman que para que haya un mayor control, los representantes de aduanas deberán notificar al Parlamento cuántos dispositivos han inspeccionado anualmente.
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