“Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves”, es una “persecución política”, asegura Correa en una entrevista a la AFP en Bélgica, donde reside desde su marcha del poder.
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El mandatario ecuatoriano entre 2007 y 2017 reaccionaba así a la decisión la víspera de la jueza Daniella Camacho, de la Suprema Corte de Ecuador, de llamarlo a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
El expresidente, que afronta una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea juzgado en ausencia por ese delito castigado con hasta siete años de cárcel.
Para Correa, la acción judicial, en su opinión plagada de “irregularidades” y un “fraude total”, “no tiene ningún futuro”. “Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba” y “tenerme fuera el país para la próxima campaña [electoral], en marzo de 2019”, agrega.
Desde Bélgica, de donde es oriunda su esposa, el exjefe de Estado siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a su vicepresidente de 2007 a 2013, y actual presidente Lenín Moreno, de orquestar un complot en su contra.
Preguntado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa lo descarta porque sería “regresar para que [le] masacren con la injusticia que vive el país”. “Todo está tomado. Ecuador tiene un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron”.
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