19 abril, 2024 | 7:42 am
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El Congreso argentino aprueba endurecer las penas a los ultras del fútbol

La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy un proyecto de ley para endurecer las penas contra los ultras del fútbol, junto a otras medidas como la creación de una base de datos unificada sobre este tipo de delitos.

 La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy un proyecto de ley para endurecer las penas contra los ultras del fútbol, junto a otras medidas como la creación de una base de datos unificada sobre este tipo de delitos.

El proyecto general del Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos, aún a falta de la redacción del articulado, fue aprobado por 201 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

La iniciativa convierte en delitos, castigados con una pena mayor, hechos que hasta ahora eran considerados contravenciones (faltas).

Entre otros aspectos, el proyecto establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para los aficionados que tengan en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.

Asimismo, la pena asciende de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización en un estadio de fútbol argentino, en los que desde hace años no se acepta público visitante por los hechos violentos, que dejaron varias muertes.

También la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

Además, se fijan agravantes cuanto intervengan en los delitos dirigentes de los equipos.

También se incorporaron artículos relativos a la prevención de la violencia en el fútbol y se creó una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos un Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

El proyecto ya fue enviado por el Gobierno al Congreso hace dos años, pero el amplio consenso alcanzado hoy fue impulsado tras los disturbios en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores del pasado 24 de noviembre, en los aledaños del estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.

Ese día, varios jugadores de Boca Juniors quedaron heridos por el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de ultras de River Plate, lo que derivó en la suspensión del juego antes de su inicio y su traslado al estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España), donde se celebró el 9 de diciembre pasado.

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