El abogado e integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, fue entrevistado en A Primera Hora respecto a la decisión del Ejecutivo de fijar un plazo a funcionarios de la CICIG para abandonar el país.
A decir del jurista, “tanto la CICIG como el Ejecutivo han perdido la condición moral, y ninguno de los dos representa su mandato original debido a sus prácticas”.
Añadió que “Ambos tuvieron un momento de lucidez, el Presidente representó la nueva política y la perdió en el camino, y el comisionado representó la lucha contra la impunidad y la perdió igual”.
Reflexión de CICIG
Quezada enfatizó que la CICIG debe reflexionar porque “lo que está provocando inminentemente es que se vayan, y ese espacio vacío no lo va a llenar el Estado de Derecho, sino los que están haciendo fila para gobernar el país de acuerdo a las transas que se usaban”.
Además, el entrevistado cuestionó el actuar de la Comisión que “fue una intervención que se fue extendiendo a campos más factibles para tener éxito, porque el tema de combatir a grupos paralelos fue un fracaso”.
“No tenemos narcotraficantes o personas involucradas en crimen organizado presos. Pero entran a un tema interesante, rompen una estructura que está blindada y alcanza un éxito”, añadió.
Agraviados
Ante los errores de esta entidad, según Quezada, “varios agraviados sufrieron por CICIG y se les condenó sin juicio. Hasta se negociaba el hecho de capturarlos con escándalo o sin escándalo”.
“Todo ese afán que hubo… Revirtió el sistema judicial a tal punto que jueces le temen a la CICIG, se excusan para no comprometerse. Lo que hubo fue un caso pendular porque están provocando que se vayan”, resaltó.
Añadió que “había un terrorismo judicial. Nadie podía opinar. Había un temor, pero las pruebas se han puesto sobre la mesa y afortunadamente la población ya no tiene que tomar partido por uno o por el otro”.
Riesgos
Respecto a la decisión tomada por el Ejecutivo, Alejandro Balsells, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), “los ciudadanos debemos abstraernos de los líos personales que puedan tener funcionarios, en este caso del Ejecutivo y CICIG, pero aquí hay un tema institucional que debemos tratar”.
Agregó que “independientemente del contexto político, que eso dejémoslo para los políticos. El tema jurídico es que si hoy pueden transgredir la ley tan abiertamente, mañana lo podrán hacer con cualquier otra norma”.
Ante ello, Balsells destacó que el Ejecutivo incurrió en un delito, respecto al mandato de la CICIG en el cual establece que la acción tomada no se puede hacer. Por lo que “aquí hay un delito y el Ministerio Público tendría que actuar, pero parece que el Ministerio Público no tiene ganas de actuar”.
Vea también: Alejandro Balsells: “Aquí hay un delito y el MP debe de actuar”
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