Caracas – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, jura hoy un segundo período de gobierno con el que aspira llegar a 12 años al frente de la revolución bolivariana, un compromiso que asume en medio de múltiples interrogantes sobre la legitimidad de su reelección.
Tras seis años en el poder a Maduro lo cuestiona no solo la población, que durante su mandato ha visto cómo el país se ha sumido en la peor crisis económica de su historia, también gobiernos de América y Europa que han mostrado su preocupación por las condiciones en las que se encuentra Venezuela.
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El ungido de Chávez
Desde que fue elegido en 2013, tras ocupar provisionalmente el cargo luego de ser “ungido” por el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro ha sostenido que convertirá a Venezuela “en potencia”, pero la realidad del país caribeño es otra.
Mientras asegura que los venezolanos viven prósperos y felices y que no lo son en mayor medida por la “guerra económica” que asegura “impone” el gobierno de Estados Unidos al emitir sanciones contra su Administración, el país vive una espiral hiperinflacionaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima llegue a 10 millones por ciento en 2019.
Enderezar la crítica economía es la principal asignatura pendiente de Maduro, un exchofer de autobús de 56 años sin carrera universitaria, que prometió durante toda su campaña de reelección reparar las fallas que a lo largo del dominio chavista han depauperado los ingresos y condiciones de vida de los venezolanos.
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Ganó sin la participación de la oposición
Después de la elección del pasado mayo, que ganó con casi el 70 por ciento de los votos y en la que no participó el grueso de la oposición, Maduró se concentró en ejecutar el llamado “plan de recuperación económica” para lograr “la prosperidad” que prometió durante la campaña y que no logró durante sus primeros seis años de gestión.
El autodenominado “presidente obrero” ha sido calificado de “dictador” por sus detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre sus adversarios y de mantener en prisión a políticos opositores.
Acabó con el estado de Derecho
También lo señalan por haber “acabado con el Estado de Derecho”, al considerar que todas las instituciones de Venezuela han actuado bajo sus órdenes.
Una de esas supuestas órdenes fue la de despojar de sus competencias al Parlamento, de contundente mayoría opositora, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano cuyo presidente, Maikel Moreno, ha manifestado su lealtad a Maduro.
Maduro es igualmente señalado por impedir la “libertad de expresión”, pues en su Administración han cesado su actividad al menos 55 medios de comunicación, según datos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.
Con información de Zairet González Ramírez / Agencia EFE
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