La cantidad de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México superó en febrero los 76,000, el nivel mensual más alto en años, dijo el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP).
La cantidad de familias y niños no acompañados también aumentó a casi dos tercios del total, con cruces a menudo en grandes grupos y entregas inmediatas a las autoridades para solicitar asilo, debilitando la eficacia de las tácticas del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo migratorio.
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Un total de 76,103 personas fueron detenidas en la frontera o después de cruzarla, un incremento considerable con respecto al promedio de 61,000 de los tres meses anteriores, y sorprendente puesto que generalmente se produce una desaceleración en el mes más frío del año.
La cifra también fue más del doble que en febrero de 2018 y 3.2 veces más que en febrero de 2017, el primer mes completo después de que el presidente Trump asumiera el cargo prometiendo acabar con la inmigración ilegal.
“Actualmente estamos enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad nacional a lo largo de nuestra frontera suroeste”, dijo el comisionado de la CBP Kevin McAleenan.
“Los amplios aumentos de familias y niños que cruzan nuestra frontera, en grupos más grandes y en áreas más remotas, representan un desafío único para nuestras operaciones e instalaciones, y las de nuestros socios”, añadió.
Nueva política
A fines de enero, el gobierno de Trump lanzó una nueva política para enviar a los solicitantes de asilo -casi todas personas que huyen de la pobreza y la violencia en Guatemala, Nicaragua y El Salvador-, de regreso a México para que esperen allí mientras se revisan sus casos, lo que puede llevar hasta dos años.
Pero ese programa solo comenzó a implementarse en un área de la frontera, en Tijuana, México, y aún no se ha extendido a otras.
Mientras tanto, más de 70 grupos de más de 100 migrantes cruzaron la frontera el mes pasado y se entregaron en ese momento a las autoridades. El aumento de febrero probablemente incluyó a muchos de los que se unieron a las caravanas provenientes de Centroamérica.
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Trump se refirió a estos migrantes para justificar el cierre del gobierno durante seis semanas en diciembre y enero, en medio de una pulseada con el Congreso para conseguir los millonarios fondos que requiere la construcción de más secciones del muro que pretende levantar a lo largo de la frontera.
Pero como no logró que el Congreso aprobara el dinero que necesita, Trump declaró una emergencia nacional el mes pasado que potencialmente le permitiría desviar fondos destinados al Ejército y otros departamentos para cumplir con su proyecto, promesa insigne de su campaña electoral.
La declaración de emergencia nacional sigue siendo objeto de impugnación legal.
