El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acudieron este miércoles a una nueva sesión de la mesa de negociaciones para encontrar solución a la crisis sociopolítica que afecta al país.
La decimotercera sesión de negociaciones, al igual que las anteriores, se desarrolla a puertas cerradas, bajo un silencio “hermético”, en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua.
Desde el inicio de las negociaciones, el 27 de febrero pasado, hasta la sesión de ayer martes, las partes no habían avanzado en los temas de fondo, relacionados con la justicia para las víctimas de la violencia, elecciones adelantadas y garantías de cumplimiento.
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Encrucijada
La Alianza Cívica ha insistido en que los representantes estatales se niegan a tocar los temas de fondo, a la vez que el Gobierno mantiene suprimidas las libertadas públicas y no cesa de enviar a prisión a las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
Las negociaciones tienen como testigos y acompañantes al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al delegado de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.
Diversos sectores de la oposición han solicitado al nuncio y a Rosadilla que convenzan al Gobierno de detener la represión.
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11 meses de crisis
Nicaragua vive una grave crisis que ha dejado 325 muertos en 11 meses, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Al menos 802 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
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La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
*Con información de EFE.
