El Gobierno de Nicaragua expresó su disposición de “excarcelar” el 18 de junio próximo a un número no precisado de personas presas “por delitos contra el orden público”, pero que son considerados por la oposición como “presos políticos” en el marco de la crisis que vive el país.
El Gobierno indicó que en su “ruta de cumplimiento” de los acuerdos alcanzados con la oposición en una mesa de negociaciones para superar la crisis, está “la excarcelación de persona que cometieron delitos contra el orden público, con cumplimiento al 18 de junio”.
Es la primera vez que el Gobierno anuncia una fecha para cumplir con el compromiso de sacar de prisión a los manifestantes presos, que es exigida por organismos de defensores de los derechos humanos tanto locales como internacionales.
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Según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en Nicaragua existen 809 “presos políticos”, incluyendo varios periodistas, pero el Gobierno reconoce poco más de la mitad, y los denomina “terroristas”, “golpistas”, o “delincuentes comunes”.
Hasta ahora el Gobierno ha cambiado la prisión por régimen de “convivencia familiar” a 236 personas, algo que ha criticado la Alianza opositora con el argumento de que el compromiso entre las partes era dejarlos en completa libertad.
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Organismos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han rechazado la “excarcelación”, basados en que los manifestantes presos, a los que llama “rehenes”, no cometieron delitos, con lo cual, los sus procesos son ilegales.
De la misma manera el Gobierno volvió a insistir este lunes en su petición a la Alianza que pida a la comunidad internacional que se abstenga de aplicar sanciones económicas a Nicaragua.
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El Gobierno ha pedido esto varias veces desde finales de abril pasado, cuando Estados Unidos aplicó sanciones contra el hijo de Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo.
Con información de la agencia de noticias: EFE
