El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, confirmó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que cuenta con un colaborar eficaz en el caso de corrupción que involucra a siete diputados al Congreso de la República, y al ministro de Economía, Acisclo Valladares.
Sandoval explicó que no puede revelar la identidad del colaborador eficaz, debido a que se pone en riesgo su seguridad.
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El fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval indica que hay colaborador un eficaz de por medio en el caso que desveló ayer en el que pidió antejuicio contra el Ministro de Economía y 7 diputados. pic.twitter.com/0mgACBLXsn— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 7, 2019
Sandoval afirmó además que la Fiscalía dispone de documentación fotográfica y testimonial de cómo supuestamente operaba la estructura criminal. También información de intercambios de correos electrónicos entre los presuntos implicados.
“De acuerdo a la dinámica en que se movilizaban los recursos, se puede hablar de una cifra superior a los Q50 millones repartida entre 62 personas que integraban la bancada del Partido Patriota”, detalló el fiscal.
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“Producto de esos pactos se tomaron decisiones que sancionaron leyes entre ellas el decreto 12-2014 que fue Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad” detalla Sandoval pic.twitter.com/OTLft2KP0R— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 7 de mayo de 2019
El funcionario del ente investigador aseguró que producto de esos pactos se tomaron decisiones que sancionaron leyes, entre ellas, el decreto 12-2014 Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad.
Solicitud de antejuicio
Por este caso, el MP y la Cicig presentaron el lunes una solicitud de antejuicio contra el Ministro de Economía y el candidato a la Presidencia, Estuardo Galdámez, por supuestamente estar implicados en una red de corrupción que tenía cooptado el Congreso para que los diputados actuaran con base a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales.
La solicitud del retiro de inmunidad también está dirigida contra otros seis parlamentarios por el caso conocido como “Subordinación del poder legislativo al Ejecutivo. Una expresión de la captura del Estado (el mecanismo de la compra de votos)”.
Presentan solicitud de antejuicio contra siete diputados y el Ministro de Economía.
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Según la investigación, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti dirigía desde el Gobierno la actividad del Congreso “a su antojo”, socavando la separación de poderes.
La estructura habría operado entre enero de 2012 y los primeros meses de 2015. Comenzó por una información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la aprobación de determinadas leyes y ahí se comprobó que dentro del Estado “operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”.
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Órdenes de Baldetti
De esta manera, los diputados de la formación Partido Patriota recibían y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta en reuniones sostenidas horas antes de las sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como legisladores, respondiendo así “a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales”.
La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de Baldetti de manos de los altos directivos de una empresa de telecomunicaciones.
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Ya en las oficinas de la Vicepresidencia, el dinero bautizado como “champurradas” era entregado en sobres de manila a los diputados de confianza, conocidos como “jefes de línea” o “brochas” -que lo iban a recoger en persona- y ellos lo debían dividir entre todos los legisladores de la bancada oficial -62 en el año 2012, 61 en el 2013, 55 en el 2014 y 44 en el 2015-.
Se estima que en total los jefes de línea, que además eran los encargados de trasmitir las órdenes de Baldetti a sus compañeros para aprobar o no las leyes, se pagaron unos Q57 millones para aprobar leyes.
Escuche el reporte de Juan Carlos Chanta ▼
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