El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en especial relacionados con leyes antiespionaje.
Estados Unidos responsabiliza a Assange de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación en 2010 de unos 750,000 documentos militares y diplomáticos.
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Por su parte la justicia sueca se pronunciará a principios de junio sobre la detención de Julian Assange y el envío de una euroorden por el caso de la presunta violación cometida en 2010 en Suecia por el fundador de Wikileaks, indicó el tribunal de Uppsala.
Assange permaneció refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta el pasado abril. cuando Quito decidió suspender el asilo y la Policía británica lo detuvo por violación de medidas cautelares.
La Justicia británica debe decidir sobre su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de un delito contra la seguridad nacional, o a Suecia, donde se ha reabierto la investigación por violación en contra de Assange, quien ahora está en una cárcel de máxima seguridad londinense.
La ONU critica a EE.UU.
El relator de Naciones Unidas sobre la intimidad, Joseph Cannataci, manifestó hoy su “grave preocupación” por la decisión del Gobierno ecuatoriano de entregar a la Justicia estadounidense las pertenencias personales del fundador de WikiLeaks Julian Assange, detenido desde el 11 de abril en Londres.
“El derecho a la privacidad, otros derechos humanos, y especialmente la libertad de expresión, corren peligro si parte del material de Assange cae en manos equivocadas”, destacó Cannataci en un comunicado, en el que señaló que también debería garantizarse la protección de ciertas fuentes confidenciales y denunciantes.
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El relator se mostró “decepcionado por la falta de respuesta oportuna del Gobierno de Ecuador” después de que se ofreciera a proporcionar la asistencia de expertos imparciales para supervisar el registro de las habitaciones de la embajada en Londres en las que vivió Assange durante casi siete años.
A petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno ecuatoriano decidió registrar el 20 de mayo esas habitaciones de la embajada, confiscar sus documentos, teléfonos, dispositivos electrónicos y memorias, para entregarlos a las autoridades de Washington.
*Con información de AFP y EFE