La primera jornada del juicio por el asesinato del activista francés Benoît Maria en 2020 en Guatemala culminó ayer con una condena previa para el acusado a más de tres años de prisión por tenencia ilegal de armas, pero la audiencia por el homicidio continuará este martes 12 de diciembre.
Maria era director en Guatemala de la oenegé Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) y llevaba más de dos décadas apoyando a comunidades indígenas mayas en proyectos agrícolas cuando fue asesinado el 10 de agosto de 2020.
El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, 200 km al oeste de la capital guatemalteca, empezó el debate oral y público con una petición del acusado, el indígena Diego Tay, para que se aceptara su responsabilidad en la posesión ilegal de armas, de modo de obtener una condena menor.
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“Se le condenó a tres años y cuatro meses [de prisión] por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Posteriormente se abrió el juicio por el delito de asesinato”, dijo a la AFP el abogado Edgar Pérez, del Bufete de Derechos Humanos, que representa a la familia de la víctima.
Al reconocer su culpa, el acusado evitó ser condenado a la pena máxima de 10 años de cárcel por posesión ilegal de armas. La audiencia fue suspendida luego de unas seis horas y se reanudará este martes.
Tay era miembro del consejo municipal de desarrollo urbano y rural del lugar donde ocurrió el crimen y fue detenido en septiembre de 2021 por el homicidio del ciudadano francés.
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Labor del activista francés en Guatemala
De 52 años y conocido por sus amigos como “Benito”, el activista francés conducía una camioneta en un camino rural del poblado indígena de San Antonio Ilotenango, en el departamento de Quiché (norte), cuando fue atacado a balazos.
Al juicio asisten la pareja de la víctima y madre de sus hijos, Anna Isern Sabria, quien vive en Guatemala, así como sus dos hermanos, Christophe y David Maria, quienes viajaron desde Francia, junto con Frederic Apollin, el director general de AVSF.
Pérez explicó que el juicio se realiza en un tribunal del departamento de Quetzaltenango y no en Quiché por razones de “seguridad”.
“En el departamento de Quiché el tribunal no tenía las garantías de seguridad”, por lo que “se solicitó la competencia ampliada a un tribunal” que observa casos de “mayor riesgo” o alto impacto, puntualizó.
* Con información de la agencia de noticias AFP.
