Nota de EU89.7

Analistas: Hace falta dignidad en los funcionarios para defender los intereses del país

No solo funcionarios, sino quien tuvo que supervisar la obra y a los entes que otorgaron el crédito, tienen un grado de responsabilidad…

La carretera CA2 Occidente, que comprende de Patulul, Suchitepéquez, a Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, frontera con México, y que estaba a cargo de la compañía brasileña Odebrecht no podrá ser reparada a corto plazo.

En este sentido hay algunos detalles que no pueden quedarse al margen:

  • Ayer, el ministro de Comunicaciones Aldo García anunció que no hubo acuerdo con la constructora.
  • También ayer, la fiscal general Thelma Aldana explicó en Emisoras Unidas que US $19.7 millones fueron pagados en sobornos a personas en Guatemala para la aprobación de los trabajos.
  • El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi pudo haber recibido el 7.5 por ciento del contrato por $300 millones.
  • La jefa del Ministerio Público también detalló que, por este mismo caso, el excandidato presidencial Manuel Baldizón recibió más de US $3 millones, mientras que el prófugo Carlos Antonio Batres Gil obtuvo US $4 millones.

En el programa A Primera Hora Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista, y Mynor Melgar, exfiscal y exsecretario general de Ministerio Público (MP), intentaron responder los siguientes cuestionamientos:

– ¿Qué significa que se cuente con un colaborador eficaz en Brasil, que según la Fiscal General ha proporcionado información?

– ¿Qué opinan de que se hayan unificado los expedientes del caso Construcción y Odebrecht, con el argumento de que ambos están vinculados?

– ¿Cuánto podría tardar una eventual extradición de Baldizón, y cómo se maneja el trámite legal en una cárcel del servicio de inmigración de aduanas en EE.UU.?

Ambos coinciden en que hace falta dignidad nacionalista en los funcionarios de Gobierno para defender los intereses del país.

JUAN RODOLFO PÉREZ TRABANINO

¿Podría avanzar este caso?

Es una investigación que data de 2012 y eso hace que sea más difícil, porque hay que reconstruir una historia de hace cinco años. Este proceso se reconstruye a partir de declaraciones de la empresa brasileña que fueron públicas en todas partes, porque el problema no fue solo de Guatemala, sino en toda América Latina.

Esta investigación se ha alimentado de las declaraciones de actores locales que han sido capturados o se han acercado al proceso. No creo que solo haya tres o cuatro capturas. Este es un primer momento. Podría llegar al Congreso, que es el destino final.

El Ministro de Comunicaciones dijo ayer que la empresa ya no firmó un desistimiento para no reclamar nada al país…

El Ministro dice una cosa un día y luego dice otra. Hace un mes dijo que todo estaba resuelto, ahora ya no. Hay que tomar en cuenta que una cosa es la vía administrativa para resolver el contrato y otra la vía penal.

No hay que perder de vista que este no es un contrato lineal que se firma y se ejecuta, no. En medio hubo una ampliación del contrato, que no fue a la ruta sino a las especificaciones técnicas, a los materiales. Ese fue el principal problema del contrato.

Se pagó el 70 por ciento y se ejecutó solo el 30 por ciento de la obra, pero hay un detalle que lo hace más caro. La Procuraduría General de la Nación debería de resolver este problema, pero es la gran ausente.

Comunicaciones no tiene experiencia, no tiene ganas de resolver el problema. Es una anarquía terrible por su incapacidad total. Ni siquiera puede ejecutar el presupuesto propio.

El Ministro dice que están a la espera de lo que haga el MP

Son dos cosas distintas: la persecución penal y las instancias administrativas. En Brasil o Perú por ejemplo, la empresa ha recibido multas multimillonarias. Allí los procesaron y luego negociaron.

En Guatemala nos estamos sentando a pedirles que por favor resuelvan un contrato y que liberen al país de supuestas obligaciones.

¿Por qué no hay órdenes de captura contra los representantes legales de Odebrecht? ¿Por qué no nos hemos sentado a negociar?

No podemos excluir de responsabilidad penal a los directores de Odebrecht si no hemos resuelto los procedimientos administrativos, en donde, eventualmente, podría haber una salida para los representantes de la empresa.

¿Cómo arreglar este asunto?

‘De macho perdido, aunque sea la gamarra’, dice el dicho. Perdimos años sin tener una buen a carretera y eso ya es pérdida para el país… y seguimos perdiendo, además de la plata que ya se perdió.

Yo abriría un proceso penal en contra de la empresa, por corrupción, porque son evidentes los hechos en Guatemala y en América Latina, y un proceso de negociación administrativa.

En común acuerdo con la empresa resolvería el proceso administrativo para terminar el contrato y lograr una indemnización para el Estado de Guatemala.

Los representantes legales, en su momento fueron una cosa; los mandatarios, ahora, son otra. Estos no tienen mayor responsabilidad porque están viendo cómo resolver un problema administrativo anterior.

¿Cómo analiza la unificación de los procesos de Construcción-Corrupción y Odebrecht?

Es muy difícil, en megacasos defender, acusas y juzgar procesos públicos colectivos, porque la justicia no está diseñada para eso. Una audiencia dura una hora, en casos públicos duran hasta cuatro meses. Es imposible que los jueces estén inmediatos al caso.

Las pruebas, los diligenciamientos… todo es deficiente. A los abogados les cuesta defender y al MP acusar. Con tantos procesos colectivos ya debería haber una reforma al Código Penal que permita juzgar estos procesos.

MYNOR MELGAR

Congreso aprobó el préstamo y la bancada de Lider se opuso; resulta que su máxima figura, Manuel Baldizón, está vinculado en el caso. Luego, hay responsabilidad del Ejecutivo por la ejecución de los fondos… ¿Cómo entender esto?

En esta clase de delitos hay una serie de intereses que se articulan para darle forma a su comisión. Los diputados que ahora argumentan su inocencia se precipitan porque la investigación apenas empieza.

Los diputados se apresuran…

Hay irregularidades en el contrato por la premura con que se realiza la aprobación del préstamo. Pero también en las clausulas el Estado tiene que indemnizar a la empresa en caso de que el contrato quede sin efecto, son términos leoninos que demuestran que hay un contubernio.

Las actuaciones en cuanto a estar a favor o en contra están respaldadas en negociaciones detrás de la mesa. La responsabilidad de los diputados es defender los intereses del país y solo por eso deberían ser investigados.

¿Por qué en Guatemala es la compañía la que exige derechos y no el Estado?

Nos falta dignidad para defender los intereses nacionales. Usted no se sienta con un cartel de narcos a negociar… esta empresa es transnacional, de delincuentes que han cometido una serie de delitos.

Nos queremos sentar con las empresas como si fueran personas legales. Es que nos falta un poco de dignidad nacional para defender los intereses del país.

¿Es válido unir los casos Construcción-Corrupción con Odebrecht?

Cuando hay una prueba en ambos casos que me sirve para algo común. Es un principio de economía procesal, para no hacer esfuerzos parecidos. Lamentablemente, hay muy poca información. Este caso va a crecer mucho, será más grande que el de La Línea.

Disiento de la estrategia del MP. Odebrecht es un caso gigante y juntarlo a otro significará un megacaso.

¿Si hay un colaborador eficaz fuera del país, puede ser procesado en Guatemala?

Los delitos que se están cometiendo caen en el ámbito territorial, los delitos que se comentan en Guatemala, aunque la persona esté en Brasil puede ser procesada en Guatemala, leyes internacionales… hay tratados recíprocos, pero esperemos la conferencia del MP mañana… Pero, sí, estamos en condiciones de acciones penales.

La Fiscal General llama a brindar información eficaz…

Hubo 75 colaboradores eficaces en este caso. Toda la planilla de la empresa Oderbrecht, que es la que termina de armar el caso en toda América Latina. Toda la información se generó por información de colaboradores eficaces.

No solo funcionarios, sino quien tuvo que supervisar la obra y a los entes que otorgaron el crédito, tienen un grado de responsabilidad.

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