Siete personas murieron y otras 11 resultaron heridas ayer durante un ataque armado perpetrado por pandilleros de la mara Salvatrucha en la emergencia del Hospital Roosevelt, que tenían como propósito la liberación de uno de sus compañeros que fue trasladado para un tratamiento médico en el lugar.
En el programa A Primera Hora, un grupo de expertos en el tema penitenciario analiza las repercusiones de ese atentado y sugieren algunas medidas que deberían tomarse.
Elvin Diaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Carlos Menocal, exministro de Gobernación, y Corinne Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), apoyan la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciara, aunque reconocen que el procedimiento se llevará a cabo de la noche a la mañana.
Carlos Menocal
La opinión pública se vuelca en una crítica sin cuartel contra el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, esta es la última institución que recibe el golpe de una serie de efectos del estado.
Lo que ocurrió ayer en el Hospital Roosevelt se pudo evitar, derivado de que ya había un antecedente con el granadazo en el Hospital General San Juan de Dios, el año pasado. Pero eso depende del sistema de justicia. De los Jueces.
Si el SP no acata un traslado ordenado por un juez, es sancionado. Es fácil decir que el sistema ha colapsado. Yo personalmente me solidarizo con el Ministro de Gobernación, porque todo es un sistema perverso.
El Ministro no lo puede decir, pero yo, como ciudadano, sí: Hay una mafia corporativa en los jueces que beneficia a los privados de libertad. Hay reportes de que Anabella de León y Daniela Beltranena salen cada 15 días a visitar a sus familiares… y los hacen con orden judicial. Eso mismo ocurre con los reos, todos los días.
Durante el gobierno de Álvaro Colon había alrededor de 230 patrullas de la PNC que se utilizaban para el traslado de privados de libertad. Eso va para peor.
El Ministro de Gobernación dice que tiene ubicadas a las pandillas…
Aunque el Ministro tenga ubicados a los pandilleros, no necesariamente significa que pueda actuar de inmediato. Ese es un proceso.
El funcionario vive con muchas penas. Piensa en el Sistema Penitenciario, en la delincuencia, en el narcotráfico, en la perversidad que se encuentra en el sistema político en el Congreso.
Un evento de esta naturaleza (Hospital Roosevelt) merece que el funcionario llegue al Congreso a explicar qué pasó. Eso es saludable. Lo que no considero es que el Legislativo obstaculice el trabajo del Ministro y haga un linchamiento político.
Guatemala es el país de las tragedias, de la marginación de la ausencia de darle oportunidades a la juventud. No podemos esperar que los jóvenes sean sanos cuando su entorno es perverso.
La población económicamente activa en Guatemala es de 6 millones de personas y de estos, cuatro millones están en el sector informal, y la mayoría es joven.
Elvin Díaz
Estas situaciones son predecibles. La crisis penitenciaria no es que sucedan hechos aislados u ocasionales. Da pena decirlo, pero esto va a seguir pasando. Las medidas no se están tomando con seriedad.
¿Cómo queda el sistema de justicia…? Queda mal. Sin embargo, si hubieran sistemas de salud adecuados, los exámenes podrían realizarse en las cárceles, pero no los hay.
Los centros carecen de hospitales específicos, con lo cual se evitaría el traslado de reos a los hospitales.
El Sistema Penitenciario es reflejo del Estado. No tiene control de nada.
El sistema penal tiene topes. Gobernación debería comenzar a emplear políticas de prevención para que los jóvenes no terminen integrándose a las pandillas. En gobiernos anteriores había escuelas abiertas, deporte, arte, cultura, pero se cerraron esos programas. Como política, funcionaban.
Finalmente, la clase política no es seria en el planteamiento de propuestas. Estar ofreciendo la pena de muerte no es la salida. Los sistemas políticos modernos han encontrado que hay otras formas de reducir la violencia.
Corinne Dedick
No vamos a recibir reos, dijo el director del Roosevelt
Desde el punto de vista humano, entiendo lo que expresó el director del hospital. El hecho de que haya personas privadas que sean trasladadas al hospital representa un riesgo para ellos. Un ataque como el de ayer también podría darse por otra razón con una persona que está libre.
Hay que tomar en cuenta que existen leyes, un sistema de justicia, el derecho a la salud, y por eso mismo el sistema penitenciario no se puede negar a trasladar a una persona con orden de juez.
Son traslados. Es obligación del SP hacerlos, ya que no tiene capacidad para atenderlos.
Actualmente, según el SP, de 30 a 40 traslados son personas que van a citas médicas a nivel nacional; 40 privados están hospitalizados, de los 22 mil 600 recluidos.
¿Por qué no hay clínicas en las cárceles como se promovió en el pasado?
El año pasado se instaló una clínica para el complejo de cinco centros que hay en Pavón. Es una clínica que fue instalada en Pavoncito, después del granadazo en el San Juan de Dios. La idea era tener un laboratorio para ya no trasladar a nadie. Laboratorios ginecología para las mujeres recluidas. Qué paso.
El Ministerio de Salud proporcionó cinco médicos, pero a las dos semanas cuatro renunciaron. Se siguió contratando gente, pero desde el año pasado ya no funciona. No hay médicos ni medicina.
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