Los siete empresarios citados este 5 de octubre 2018, a la audiencia de primera declaración por el caso Industria Militar se abstuvieron a declarar. Durante la diligencia los abogados defensores emitieron sus argumentos ante el Juez Séptimo de Instancia Penal.
Algunos de los abogados no se opusieron a que sus patrocinados fueran ligados a proceso. Sin embargo, el Juez reprogramó para el lunes la continuación de la audiencia de primera declaración, ya que considera que es extensa la resolución.
En el Juzgado Séptimo da inicio la audiencia de primera declaración contra siete empresarios señalados en el caso Industria Militar. Vía: Gerardo Rafael. pic.twitter.com/6pUF2z46hb
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 5, 2018
Sindicados en el caso Industria Militar
- Moisés Israel Santiesteban Fuentes (cohecho activo).
- Manuel Antonio Pivaral Pérez (cohecho activo).
- Ernesto Arturo Zamora Cruz(cohecho activo).
- Henry Danilo Morales Cifuentes (peculado).
- Xiomara Carolina Orellana Meza de Gómez (peculado).
- Miguel Ambrosio Azurdia (peculado).
- Antonio Benjamín Contreras Barrios (peculado).
Antecedente del caso
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estarían vinculados con una supuesta estructura criminal que sustrajo fondos de la Industria Militar.
Por medio del cobro de comisiones irregulares en las ventas que se realizaban por esa entidad, esta organización habría obtenido Q23.4 millones.
Por este caso se encuentran ligados a proceso penal los militares retirados Alfredo Cotzojay, Byron Santos, Carlos Mejía y Rolando Hernández, por delitos de cohecho y peculado. Mientras que Jorge Vega Chávez, por peculado.
FECI imputa delitos a siete empresarios señalados en el Caso Industria Militar. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/Csmy5okzMn
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¿Cómo operaban?
Las pesquisas determinaron que el dinero era pagado por medio de cheques de la Industria Militar y los fondos provenían, en su gran mayoría, de las ventas realizadas a instituciones públicas.
Y que se habrían cometido varias conductas ilícitas para sustraer dicha cantidad de dinero de la institución castrense.
Incluso se logró determinar que se habrían recibido comisiones por ventas que en realidad no se dieron. Además, se cobraron las comisiones por ventas a las entidades del Estado, pese a que tenían prohibición para comercializar con estas.
Las comisiones pagadas entre el 5 y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza”.
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