Nota de EU89.7

El Infiernito: MP afirma que hubo ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007

Hoy en la mañana fueron detenidos el exministro de Gobernación, Carlos Vielman; y el exsubdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNC), Stu Velásco; el exjefe de la DINC, Víctor Manuel Ruiz González, y Francisco Guarcas de Paz, sindicados del delito de ejecución extrajudicial, confirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la …

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Hoy en la mañana fueron detenidos el exministro de Gobernación, Carlos Vielman; y el exsubdirector general de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNC), Stu Velásco; el exjefe de la DINC, Víctor Manuel Ruiz González, y Francisco Guarcas de Paz, sindicados del delito de ejecución extrajudicial, confirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, en conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del Ministerio Público (MP).

Hoy, investigadores del MP y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PN), ejecutaron 14 allanamientos y cinco órdenes de captura.

De acuerdo con Sandoval, las investigaciones evidenciaron siete hechos nuevos cometidos por una estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de Gobernación entre los años 2004 y 2007.

También se giró orden de captura contra el actual viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, quien ya fue declarado prófugo de la justicia.

Según las investigaciones, el 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada El Infiernito. En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos.

Vielmann fue juzgado en España

En julio pasado, el Tribunal Supremo de España, país donde vivía y fue detenido Vielmann en 2010, lo juzgó por supuestamente haber creado un cuerpo paramilitar que mató a siete presos de la cárcel Pavón en 2006.

La sentencia dictada en marzo de 2017 por la Audiencia Nacional de España y confirmada en julio de 2018 por el Tribunal Supremo, no consideró probado que el exministro, para quien el fiscal pedía 160 años de prisión por los delitos de asesinato y crímenes de lesa humanidad, ordenara estos crímenes ni tampoco que haya constancia de “un plan diseñado desde el Gobierno para su eliminación”.