¿Es moral, ético o legal que los alcaldes reciban una indemnización al finalizar su mandato?
Esta semana la Fiscalía contra la Corrupción, del Ministerio Público (MP) allanó las instalaciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula por una denuncia presentada contra del exalcalde Antonio Coro por haberle cobrado, supuestamente, de forma anómala, una indemnización de más de Q3 millones.
Para efectuar un estudio del caso, el programa A Primera Hora invitó a los analistas Claudia Villagrán y Carlos Bezares, quienes coincidieron que uno de los problemas es el desorden que impera en la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Claudia Villagrán
¿Es legal el pago para los exalcaldes?
La discusión respecto de la indemnización para el alcalde Antonio Coro surge a partir de las acciones del MP, pero también porque él renunció al cargo. Creo que el pago no se aplicaría, a menos que hubiese en la Municipalidad la norma de indemnización universal.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León renunció a su indemnización…
Los derechos son irrenunciables. El PDH está en todo su derecho de hacerlo, pero eso no sienta precendente en términos laborales. Seguramente los que estuvieron antes que él, recibieron su parte. Como ejemplo, es una buena manera de salir, pero la PDH tendría la obligación de pagarle las prestaciones que están en ley.
En el caso de los funcionarios electos y su personal de confianza, el equipo que entra con él para cuatro años, la Ley del Servicio Civil establece que todo aquel que entra en un renglón 011, tiene derecho a prestaciones.
Este es un tema más ético que legal.
Yo no dudaría que la mayoría de exalcaldes hubiera cobrado sus indemnizaciones en el pasado. No me imagino a un funcionario que, teniendo la oportunidad de cobrar, no lo haya hecho.
En el caso del Presidente no lo hemos visto, pero si en casos de diputados, ministros y magistrados, que han sido noticia por los elevados montos que cobran. En el caso del Presidente estamos hablando de montos bastante bien elevados.
Desorden institucional
Este desorden y discrecionalidad, en términos de cargos y funciones de los trabajadores del Estado, se debe en buena medida a la falta de una actualización de cómo funciona una Oficina de Servicio Civil.
Ni siquiera hemos podido hacer un inventario de los servidores públicos. Eso habla muy mal de una oficina que debería tener un control de quién trabaja o no para el Estado.
Carlos Besarez
¿Debería Antonio Coro cobrar una indemnización?
Legalmente está en su derecho, está bajo el renglón 011, acumuló sus prestaciones.
El resumen del caso es: Él solicita su pago, un Concejal lo denuncia, el Juez dice que no le pagaron todo y que hay que pagarle el monto más daños y perjuicios, en total Q3.5 millones. Está en lo correcto.
Distinto sería en los diputados, que están en lo legal. Sin embargo, la costumbre en lo legal se hace ley. El derecho es desde la visión positivista… es amoral. Pero, ¿hasta dónde el derecho tiene actuar si no es justo?
¿Eso que es legal a la vez es injusto?
Por ahí van las dudas. Hay demasiados vacíos legales en el tema de los empleados públicos. Por ejemplo, a mí me deja en duda el salario de Q140 mil del presidente Jimmy Morales, quien además recibe aguinaldo y bono 14… tiene derecho a indemnización.
Lo que está mal es la Ley del Servicio Civil. Administrativamente, sí corresponde la indemnización. El problema es el Servicio Civil que permite que todas las instituciones tengan sus propias reglas al respecto.
Es un tema complicado.
El debate es ético, ¿es justo lo que hace un político que se postula, solicita la confianza al electorado, y después le cobra por todo el servicio prestado, al triple o al cuádruple?
En el caso del PDH, a su tiempo laboral no podría renunciar. La PDH tiene que erogar el tiempo, más vacaciones y derechos que son irrenunciables. Hay que analizar cuál es el salario, bonificaciones, ventajas económicas, bonos 14, que componen las prestaciones irrenunciables y las que no lo son.
Inequidad salarial
Resulta durísimo en un Estado como el nuestro, que tiene el erario cuasi destruido y con muy baja recaudación, que vengan indemnizaciones que sobrepasan todo el dinero que minará al trabajador que tiene el salario mínimo.
No puede ser que el salario mínimo esté en Q2 mil 900 y la canasta básica en Q8 mil, mientras que hay funcionarios cuyo salario rebasa los Q100 mil. Mucha gente vio en la política su manera de llegar a otro estatus social…
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