Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega y Ucrania anunciaron su adhesión a la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de imponer sanciones contra tres personas y una organización en Guatemala, por su implicación en acciones que, según el bloque europeo, socavan la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.
Las sanciones alcanzan a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Méndez Ruiz, al abogado Raúl Falla Ovalle, y al juez penal Jimi Bremer. Estas personas y la entidad fueron señaladas por la UE el pasado 12 de junio, como responsables de contribuir a la instrumentalización del sistema de justicia para fines políticos, particularmente durante el proceso poselectoral de 2023.
Decisión del Consejo de la Unión Europea
De acuerdo con el comunicado oficial del Consejo de la Unión Europea, la decisión se enmarca en su preocupación por los intentos de revertir los resultados electorales de 2023. Según el bloque europeo, estas acciones buscaban impedir la investidura del presidente electo Bernardo Arévalo, lo que representa un retroceso democrático y una amenaza a la transferencia pacífica del poder.
El Consejo europeo enfatizó que estas sanciones "no están dirigidas contra Guatemala, su población o su economía", sino que tienen como objetivo específico hacer rendir cuentas a las personas e instituciones responsables de debilitar el orden democrático.
Además, expresó su preocupación por el uso indebido de mecanismos judiciales para perseguir a funcionarios electos, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y operadores de justicia independientes.
Con la adhesión de estos diez países europeos, la presión internacional sobre los actores señalados por atentar contra la democracia en Guatemala se amplía, en un contexto de creciente escrutinio por parte de la comunidad internacional hacia el sistema judicial guatemalteco.
