25 de Marzo 2017

Gobernación informa del rescate y toma de control de correccional Etapa II


//Redacción Emisoras Unidas //

Un motín iniciado el domingo en el centro correccional de menores Etapa II, ubicado en San José Pinula, por un grupo de pandilleros concluyó hoy, con saldo de 3 monitores muertos y otros cuatro heridos, después de un operativo de las fuerzas de seguridad que ingresaron para conseguir el control.


La crisis comenzó el domingo en el centro Etapa II, cuando un grupo de 26 “inconformes” de la pandilla Bario 18, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), retuvo a 7 monitores.

Dos de los rehenes fueron asesinados y otro fue liberado por los pandilleros este lunes y sometido a una operación debido a que presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Las autoridades entraron al centro este mismo lunes para rescatar a los 4 monitores que quedaban retenidos, y tras el operativo uno murió al ingresar al hospital y otros dos están heridos, mientras que uno ya está estable, dijeron los portavoces oficiales.

Los niveles de “agresividad, violencia e intolerancia” que iban en aumento por parte de los amotinados motivó a las fuerzas de seguridad a entrar por la fuerza, luego que el diálogo no fraguó, resumió el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Los funcionarios detallaron cómo en el operativo participaron 45 agentes especializados, además de los centenares que resguardaban el perímetro.

El ministro Rivas dijo desconocer si hay reclusos heridos a raíz del operativo, pero aseveró que se actuó “de manera proporcional con la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden”.

“Si ellos fueron heridos, probablemente fue por una oposición al control que se estaba ejerciendo”, añadió sin más detalles.

Cuestionado por los orígenes del motín, Rivas dijo que se están investigando, que “la verdad prevalecerá”, y añadió que se debe evaluar si Etapa II sirve como lugar de reclusión.

“El centro está siendo objeto de inspección y control. Los responsables serán puestos a disposición de los entes respectivos”, dijo Rivas y agregó “Al pueblo de Guatemala le decimos que estamos trabajando por su tranquilidad y paz”.

Rivas dijo que el proceso de diálogo se realizó por expertos de la PNC en manejo de rehenes y crisis. “En la negociación intervino la subdirección de operaciones, de investigaciones, de fuerzas especiales y por miembros de la comisaría 13, todo dirigido por el ministerio de Gobernación y el director de la PNC, Nery Ramos”, explicó Rivas.

Por su parte el director de la PNC, Nery Ramos, dijo que “Este grupo de personas (reos) dio a conocer su nivel de criminalidad”. “Se accedió a la petición de alimentación a cambio de una vida, sin embargo los niveles de violencia fueron más graves”, explicó Ramos, durante la conferencia de prensa.

Los agentes siguen ahora en el interior del lugar para resguardar y controlar a los internos e investigar la muerte de los monitores, mientras unos 45 jóvenes fueron trasladados ya a Torre de Tribunales para ser puestos a disposición judicial.

Los pandilleros llegaron este lunes a amenazar con quemar vivos a los rehenes sino cumplía con sus peticiones, entre ellas el traslado de sus compañeros recluidos en Las Gaviotas, otro centro de privación de menores ubicado en la zona 13 de la capital.

Uno de los pandilleros dijo que el asesinato de los dos primeros monitores fue por los maltratos que propinaban los custodios y también las autoridades del centro, y que “se lo tenían ganado”.

Para enfrentar la crisis el Gobierno de Guatemala instauró este lunes una mesa interinstitucional en la que participan la PNC, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación (Interior) y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de octubre de 2016 sobre los cuatro centros de reclusión para menores del país, incluido el Etapa II, evidenciaba carencias como el hacinamiento, la falta de infraestructura o la poca higiene.

Según ese informe en el Etapa II tiene capacidad para 160 personas pero había 201 internos, y había 23 monitores aunque cuando eran necesarios llegaban 40.

De las 30 cámaras de vigilancia solo funcionaban 13 y apenas había un sanitario por sector, pues en otros casos el baño eran “agujeros de tierra” donde los jóvenes tenían que defecar, orinar y bañarse.

Debido a esta situación, muchos de los internos, entre los que hay jóvenes de 13 años hasta más de 18 todos mezclados, “adoptaron lavamanos para defecar y bañarse”, advertía en ese momento el escrito, en el que se recomendaba separar “a la brevedad” a los menores de los adultos, indicó el informe.

La crisis en el correcional Etapa II estalló días después de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, otros centro estatal donde un incendio el pasado 8 de marzo mató a 40 niñas y adolescentes que, supuestamente, eran víctimas de abusos sexuales y físicos. EFE

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