22 de Julio 2017

Solicitan a Interpol activar alerta roja contra diputado Edgar Ovalle

Por: Gerardo Rafael



Las autoridades solicitaron este sábado a la Interpol la activación de la alerta roja para localizar y capturar al diputado oficialista y coronel retirado Edgar Ovalle, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996), informó la Fiscalía.

“La Fiscalía ya ingresó la solicitud de alerta roja” a la Interpol, dijo a la AFP Yecenia Enríquez, jefa del departamento de Información y Prensa de la entidad investigadora.

La funcionaria explicó que la petición de búsqueda internacional se hizo por si el congresista abandonó el país, tras una orden de captura emitida el viernes por un juzgado local.

Clave en el FCN-Nación

Ovalle, uno de los estrategas del partido FCN-Nación, que llevó al poder al presidente Jimmy Morales, está acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad, por su presunta participación en 88 masacres en comunidades indígenas durante el conflicto armado entre 1981 y 1986.

El miércoles, la Corte Suprema de Justicia le retiró al congresista la inmunidad de que gozaba.

No saben de su paradero

El diputado Javier Hernández, jefe del bloque oficialista en el parlamento, explicó a periodistas que Ovalle se ha ausentado de sus labores por casi un mes debido a una enfermedad estomacal pero dijo desconocer el paradero del militar retirado.

Ovalle fue acusado el 6 de enero de 2016, el mismo día en que fueron arrestados 14 militares retirados por los mismos hechos, de los cuales ocho fueron enviados a juicio aunque el debate no ha iniciado.

Como parte de las investigaciones contra Ovalle y los militares arrestados, forenses han localizado 558 osamentas en exhumaciones realizadas en un antiguo cuartel militar en la ciudad norteña de Cobán.

En el lugar ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz).

El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93% de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.





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