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Corte brasileña posterga análisis del pedido de Lula para no ir a prisión

El exmandatario (2003-2010) niega todos los cargos y denuncia una persecución judicial para evitar que vuelva al poder.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil postergó para el 6 de marzo el examen de un pedido de habeas corpus de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que sea detenido por un caso de corrupción.

La asesoría de la corte, que tiene la palabra final en todos los litigios civiles y criminales que no involucren cuestiones constitucionales, informó este miércoles sobre el aplazamiento aunque sin detallar los motivos.

Lula, que es el favorito para ganar las elecciones de octubre, fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por haber aceptado un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

El exmandatario (2003-2010) niega todos los cargos y denuncia una persecución judicial para evitar que vuelva al poder.

Cualquier que sea la decisión que adopte el STJ, estará limitada al habeas corpus.

No bloqueará otras herramientas legales para cuestionar la sentencia, incluso ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), que atiende cuestionamientos sobre violaciones de derechos constitucionales.

El habeas corpus ya fue rechazado preliminarmente el 30 de enero por el juez del STJ Humberto Martins, quien argumentó que “la posibilidad de una inmediata prisión” no parecía posible, dado que no se habían agotado los recursos en la segunda instancia.

No obstante, Martins determinó que el caso -de alta sensibilidad política- sea decidido por la corte en forma colegiada.

Según las leyes brasileñas, una vez agotados los recursos de segunda instancia, es posible ejecutar la condena.

El habeas corpus ante el STJ pretende que el exmandatario de izquierda (2003-2010) pueda recurrir en libertad un eventual rechazo a una serie de objeciones que presentó ante el tribunal de segunda instancia que lo sentenció.

Lula acumula otros seis juicios penales y también tendrá que lidiar con la justicia electoral, que podría impedirle que se postule por tener una condena ratificada en un tribunal superior.

Pero ese desenlace recién se conocerá entre el 20 de julio y el 15 de agosto cuando se abra la ventana oficial para inscribir las candidaturas.

Con información de la AFP

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