Nota de EU89.7
¿Qué pasará con el Archivo Histórico de la Policía Nacional?

Falta poco más de un mes para el ‘día D’, pero las autoridades del Ministerio de Gobernación aún no tienen nada definido.

El próximo 30 de junio vence el usufructo del terreno y edificio de un hospital en ruinas, ubicado en Avenida La Pedrera zona 6 capitalina, que funciona desde hace 14 años como sede del Archivo Histórico de la extinta Policía Nacional, y la incertidumbre ha hecho presa a esta entidad clave en la defensa de los derechos humanos y la memoria del país centroamericano.

Falta poco más de un mes para el ‘día D’, pero las autoridades del Ministerio de Gobernación, entidad rectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y del terreno donde se encuentra el Archivo Histórico (AHPN), aún no tienen claro el futuro de este acervo documental que ha llegado a evidenciar graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado que vivió Guatemala de 1960 a 1996.

El problema es el usufructo

Según el portavoz de la cartera del Interior, Fernando Lucero, aún “está pendiente de ser aclarado” si se ampliará el usufructo, pues aún “no se ha concretado una reunión que definirá ese y otros aspectos”, además de que el tema “aún está en análisis”, dijo el vocero.

Tampoco tienen certeza si será prorrogado y por cuánto tiempo el uso de suelo del hospital en ruinas a favor del Archivo ni la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, Gladys Palala, ni la representante residente en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz.

Ambas entidades que tienen a cargo el fondo documental en su gestión administrativa y operativa, respectivamente.

Son millones de documentos

El alto riesgo que corren los 60 millones de documentos resguardados y en proceso de ordenamiento, clasificación, preservación y digitalización no es ajeno a la historia de la institución archivística, fundada en 2006.

Ello, después de que el 5 de julio de 2005 fuera hallado por un grupo de investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos tras años de negación de su existencia por parte del Estado ante requerimientos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico del conflicto.

Sin embargo, su mayor crisis se vivió el pasado 3 de agosto cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo la dirección del Ministerio de Cultura, le comunicó de manera sorpresiva la no renovación de su contrato a quien había dirigido el Archivo desde su hallazgo, el activista de derechos humanos y exmiembro de la guerrilla en la década de 1980, Gustavo Meoño.

Además, el Ministerio de Cultura también notificó que tampoco continuaría al frente la directora nacional del proyecto y aún directora del Archivo General de Centroamérica (ente rector, en el papel, del Archivo Histórico de la Policía Nacional), Anna Carla Ericastilla.

Propuestas sin respuesta

Aunque Meoño y Ericastilla habían hecho solicitudes para ampliar el usufructo desde entonces (y años atrás) e incluso pensar en un usufructo vitalicio o por los próximo 100 años, la respuesta no llegó, como tampoco lo ha hecho ahora, que se ha barajado ampliar otros 10 años, cinco o tres, en el peor de los escenarios.

Aunque la representante del PNUD aseguró que “no vamos a llegar al 30 de junio” sin una respuesta y que confía que habrá ampliación del usufructo, dijo que un plan alternativo, que se ha contemplado en “análisis técnicos” realizados, “tendría que hablarse con el Ministerio de Cultura” y ver “los canales que se seguirían”.

Ante el desasosiego del futuro del Archivo, que solo puede ser trasladado con tiempo suficiente para no perder la cadena de custodia de los documentos; hay grupos de la sociedad civil dispuestos a “defender” -como lo hicieron en un principio- los millones de documentos que fueron hallados en 2005 en condiciones de humedad, dañados por el tiempo, el polvo y las plagas del sitio donde había sido escondido.

Bajó la cantidad de colaboradores

De los más de 200 colaboradores que hubo en su momento trabajando en el Archivo por su rescate, clasificación e investigación y digitalización, actualmente continúan 37 personas contratadas por el PNUD a través de fondos provenientes -históricamente- de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Holanda, Suiza, Países Bajos, Suecia, USAID, País Vasco, Canadá y Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz.

Según la viceministra Palala, la crisis por el cambio de dirección pasó y se transformó en un esfuerzo para mantener al Archivo y conseguir una “reingeniería” y “modernización” para lograr una “consulta rápida” y “eficaz” del acervo y la consolidación de las “técnicas archivísticas”, además de generar las condiciones futuras para que sea absorbido en su totalidad por el Estado, incluyendo a la planilla.

También está la posibilidad de declarar al Archivo Histórico de la Policía Nacional como “memoria del mundo”, como reconoció la representante de PNUD, quien garantizó haber conseguido fondos para concluir el año y estar en “pláticas” para asegurar la planilla y otros gastos hasta 2021, con la prioridad de mejorar su tecnología, el equipamiento y el predio físico.

Pero eso no será viable si el usufructo sigue siendo un misterio del Ministerio de Gobernación, que deberá revelar en los próximos días, previo a que se cumpla el 30 de junio -día en que se celebra al Ejército del país centroamericano- qué pasará con el terreno.

El Archivo fue descubierto en 2005

El Archivo Histórico de la Policía Nacional fue descubierto por la entidad del ombudsman en el 2005, mientras su personal hacía una inspección en un hospital policial a medio construir, abandonado en la década de 1980, donde halló más de 80 millones de documentos amontonados unos sobre otros.

De ese total de documentos, en su mayoría administrativos, unos 60 millones correspondían al período histórico de la Policía, que se fundó en 1882 y se transformó en 1997, tras la firma de la paz, cuando pasó a llamarse Policía Nacional Civil.

Tras 14 años, la institución rescató, limpió, archivó y digitalizó más de 25 millones de documentos, correspondientes al período priorizado por la entidad: 1975-1985, los años más álgidos del conflicto armado en el país centroamericano.

Con información de Emiliano Castro Sáenz
Agencia ACAN-EFE
Fotografía: AHPN