El Congreso de Nicaragua aprobó este sábado, con el voto mayoritario del oficialismo, una ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

“Se aprueba en lo general la ley de amnistía”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, al cerrar la votación que contó con el apoyo de 70 legisladores del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el rechazo de 15 opositores.

La ley favorece a “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.

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Incluye a los opositores que están presos por participar en las manifestaciones, quienes deberán ser liberados “de forma inmediata” cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.

Establece, además, que los beneficiados deberán “abstenerse” de volver a participar en protestas.

La oposición estima que cerca de 800 personas fueron encarcelados por apoyar las marchas, aunque el gobierno ha dicho que son unas 350.

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Unos fueron recluidos sin que se le formularan cargos y otros fueron acusados de “terrorismo” bajo una cuestionada ley de 2018 que criminalizó las protestas.

Uno de los detenidos es el líder campesino y opositor Medardo Mairena, condenado en febrero pasado a 216 años de prisión por terrorismo y otros seis delitos.

“Quedarán impunes”

La amnistía cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde 2007.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía “pretende proteger los crímenes que ha cometido (el gobierno) a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”.

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“El propósito (de esta ley) es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, repudió en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch.

*Con información de AFP.