Nota de EU89.7
Hay incertidumbre por elección de magistrados y cambios a Ley de la Carrera Judicial

Las propuestas de reformas planteadas a la Ley de la Carrera Judicial han causado polémica en diferentes esferas políticas y jurídicas.

El Consejo de la Carrera Judicial no cumplió con presentar en tiempo el reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y eso es grave porque las postuladoras no tienen parámetros técnicos para verificar quiénes podrían ser buenos magistrados.

Luego, cualquier reforma que los diputados de la actual legislatura pretendieran realizar a la Ley de la Carrera Judicial ya está deslegitimada debido a que muchos congresistas están sujetos a procesos penales por corrupción y actos de impunidad respaldados por el antejuicio.

Esas, al menos, son dos de las principales conclusiones a las que llegan durante la conversación sostenida en el programa A Primera Hora, Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y ex secretario del Ministerio Público (MP), y Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).

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De cómo surge la polémica

Las propuestas de reformas planteadas a la Ley de la Carrera Judicial han causado polémica en diferentes esferas políticas y jurídicas. El Congreso aprobó en primer debate los cambios a esa normativa.

Esa acción fue calificada como ‘coyuntural y oportunista’, ya que según analistas, lo que se busca es empañar el panorama de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones, que discuten las postuladoras.

El diputado Cornelio García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que dictaminó favorable la iniciativa, aseguró la semana pasada: “No estoy de acuerdo en que esa resolución del dictamen esté en coyuntura con una elección de magistrados. No quisiera entrar a subjetivismos, porque cada cual opina de acuerdo a sus intereses”.

En adición, el Organismo Judicial (OJ) rechazó por tercera ocasión un proyecto de reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, entregado por el Consejo de la Carrera Judicial. De acuerdo con un comunicado emitido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 21 de enero pasado la propuesta tiene “falencias” e “ilegalidades”.

Según ellos, el proyecto de reglamento interfiere con la competencia administrativa de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Organismo Judicial.

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La posición de los expertos

Alejandro Rodríguez señala que hay una gran responsabilidad del Consejo porque desde 2017 se hizo la nueva ley y en 2018 se integró el Consejo. Sus integrantes debieron haber reglamentado la ley, haber emitido el reglamento de evaluación, pero no lo hicieron.

A su juicio, es muy importante la evaluación de los jueces. “Desafortunadamente el Consejo no realizó las evaluaciones que tenía en la ley. Se han planteado varios amparos por la falta de reglamentación y por los procesos espurios para definir los reglamentos de evaluación y actuaciones de juntas disciplinarias”, afirma.

Y agrega: “Nos han dejado un vacío enorme. El Consejo quiere una decisión política no tener instrumentos técnicos, y tener una libertad sin normas. Eso es grave porque la postuladora no tiene parámetros para verificar quiénes eran los buenos magistrados”.

Rodríguez asegura que se requiere que los tribunales sean imparciales y que los magistrados tengan excelencia profesional, pero también estabilidad en el cargo. “Nuestro sistema judicial colapsa cada cuatro años. Seis meses antes de la selección de los nuevos magistrados, los que están dejan de trabajar. Seis meses después, los nuevos magistrados tienen que buscar cuál es la agenda judicial”, reclama.

  • De los plazos constitucionales

De acuerdo con el ex secretario del MP, la CC ya estableció el precedente: “Lo más importante es la calidad del proceso, y en este sentido tenemos que ver que la elección de magistrados es por 5 años, eso define si hay impunidad o no en los próximos 5 años”.

“La elección de los magistrados es una decisión importante como para dejarla en manos políticas y arbitrarias. Es el ejercicio de un control constitucional que debió haber hecho el Consejo. Si existe la ley había que cumplirla y esa obligaba al Consejo hacer una evaluación objetiva y razonable”, insiste.

Rodríguez enfatiza en que lo más importante es que quienes van como magistrados a la CSJ y a las cortes de Apelaciones lo hagan en una elección profesional y no de carácter político.

“Las reformas que quiere hacer el Congreso desde ya están deslegitimadas. Hay una gran cantidad de diputados que están sujetos a procesos penales por corrupción y por ctos de impunidad. Algunos diputados se han beneficiado de esa impunidad por medio del antejuicio, cuando están sindicados de situaciones tan graves”, afirma.

  • ¿La CC podría renovar el plazo para los magistrados?

Según él, el sistema de justicia debe servir con jueces objetivos, con magistrados honestos y personas probas. “Los amparos y las resoluciones, y la actuación del Consejo son centrales. Hay una mala comprensión de la CC porque el problema no está en la decisión”, analiza.

Y reclama: “El Consejo incumplió con la emisión del reglamento a la Ley de la Carrera Judicial. Todo eso ha sido una lamentable ilegalidad que se ha venido dando gracias al Consejo”.

Los amparos se plantearon ante la justicia de primera instancia. Hasta ahora han llegado en apelación a la CC. La CC no podría entrar a conocer con anterioridad los amparos presentados porque no se habían elevado en apelación.

Rodríguez insiste: “Tenemos que mejorar el sistema de justicia, pero eso no se puede lograr si no tenemos jueces comprometidos y honestos. Se necesita despolitizar el proceso. El sistema de postuladoras ya está agotado. ¿Tenemos que terminar este proceso con las normas que están? Sí. Pero debemos pensar en una construcción legal adecuada”.

  • En materia constitucional

“Estoy de acuerdo en que el constitucionalismo moderno se basa en que los estados se organizan para proteger a la persona humana y defender sus derechos inherentes. Ahora lo que está en juego es si habrá impunidad o no en los próximos cinco años. No se trata de hacer ahora una negociación política”, reconoce Rodríguez.

“Lo que yo creo que sucede es que el Consejo quiere tener una decisión política, no tener los instrumentos técnicos adecuados para poder hacer la evaluación a los actuales magistrados  y de los actuales jueces, y tener libertad y no tener esas normas”, agrega.

  • Los fallos de la CC

El análisis que el abogado Alejandro Rodríguez realiza sobre los fallos de la CC es el siguiente:

“Tenemos la resolución con respecto a la CSJ que se refiere a la forma en que fueron electos los magistrados que representan a las Salas de a la postuladora. No hubo convocatoria pública ni registro en tiempo para que se hicieran los grupos. Por eso el abogado Noé Ventura Loyo planteó el amparo, indicando que se habían roto las garantías suficientes de participación”.

“Lo que vamos a tener es que se retrotrae el proceso hasta el momento de la conformación de los postuladores de las Salas de Apelaciones. De ahí en adelante se tienen que formar los pasos, tasas de gradación, convocatorias, los expedientes y una nueva evaluación”.

“La otra resolución vinculante es que se cumpla con los artículo 75 y 76 de la Ley de la Carrera Judicial en el sentido de que deben hacerse las evaluaciones a jueces y magistrados, y que el Consejo debe enviar los listados de las personas evaluadas que han manifestado interés en participar, y ser tomados en consideración”.

“Como el Consejo no cumplió, es aquí donde se necesita hacer el proceso de evaluación de conformidad con la ley”.

  • ¿Cuál es la salida?

Al final, Rodríguez plantea: “Ahora lo que tenemos es una crisis de legalidad porque el Consejo y la CSJ no cumplieron con las obligaciones que les correspondía. Ahora compete a la CC encausar el proceso en la forma prevista. La salida es que la CC debe aclarar cuál es el plazo para que el Consejo realice las evaluaciones y los parámetros a determinar.

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El Consejo y la CC tienen mucho que ver en todo eso

Stuardo Ralón, presidente del Cedecón, señala que todo este tema se viene manejando d destiempo, “con tiempos políticos”, lo cual no es sano, respecto de una normativa que debería ser muy técnica, y que se hagan evaluaciones de carácter objetivo.

A su juicio, en tanto no se reforma la Constitución, cae en el Congreso que esta llegue filtrada y que se analice la experiencia y la profesionalización.

Esta ley (la de la carrera judicial) se emitió cando estaba a medias la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia, y que recién el 12 septiembre se declararon inconstitucionales algunos incisos y párrafos de la ley.

“Hubiera sido importante que se hubiera declarado inconstitucional la Ley de Carrera Judicial, no cerca del 13 de octubre. Lo que se buscaba era, quizá, quitarle una carga política a una reforma que debe ser técnica”, afirma.

Y sugiere: “No se salva la CC por no haber resuelto en ley y llevarnos a un punto de quiebre de un posible rompimiento constitucional. Que no sean criterios políticos los que se utilicen para definir quién es satisfactorio en una evaluación de desempeño”.

  • ¿Quién gana y quién pierde?

“Perdemos todos con este retraso, porque es una inminente violación en el plazo constitucional para las magistraturas que vence el 13 de octubre”, asegura el constitucionalista Ralón.

Agrega: “Las reglas que no estaban vigente para los períodos reglamentarios se aplicarán de forma retroactiva. Eso se presta al juego político. hay grupos de este congreso y del próximo que quieren ver a las personas y no los perfiles. El panorama es bastante sombrío, independientemente de cuándo se elijan a los magistrados”.

“Hoy tenemos a dos comisiones postuladoras desintegradas. La de la CSJ tendrá que pasar nuevamente por una elección de magistrados y, luego según la CC, podría entenderse que hasta que finalice la entrada en vigencia una evaluación de desempeño, dentro de varios meses, 3 o 4 meses, podría haber la posibilidad de que se reintegren las dos comisiones de postulación para comenzar el proceso”, analiza.

  • ¿Será este congreso el que elija a nuevos magistrados?

Stardo Ralón estima que, de acuerdo con los requisitos y ambigüedades que se han planteado, es improbable que sea este Congreso el que elija. “No hay un antecedente idéntico”.

Según explica, el artículo 30, inciso i) de la Constitución, señala que los magistrados pierden su calidad a partir del 13 de octubre. Por aparte en el Código Penal se planta que es delito continuar en un cargo cuando ya no se tiene la calidad.

“Si siguen firmando resoluciones de trámite o de fondo, cuando ya no tengan calidad, aunque se emita un acuerdo, pudiese argumentarse que hubo una violación al debido proceso y a las actuaciones procesales”, detalla Ralón.

  • Si se quieren magistrados honestos, probos e independientes, que seguridad hay para ellos

Ralón señala que la seguridad es precaria para todos los guatemaltecos. “Todos vemos cómo salvarnos de la ola de delincuencia. No escapa eso a los funcionarios y dignatarios, de las acciones de las estructuras del crimen organizado”.

Para él, el diseño constitucional guatemalteco es moderno. “El régimen de constitucionalismo moderno va en contra del absolutismo que ignora leyes y normas, y que puede pasar sobre cualquier para ver que norma cumple y cual incumple”, explica.

“Yo he sido muy crítico de la CC. He dicho que no está por encima de la Constitución. Que no es un poder absoluto. La CC, según la Constitución, debe defender el orden constitucional”, enfatiza.

Agrega´: “Decir que un plazo de cinco años no es importante… que lo ignoremos. Eso es escoger qué norma constitucional debe  cumplirse y cuál no. Precisamente el constitucionalismo moderno va en contra de ese abuso de poder. Pone reglas a todos”.

El jurista señala que el reto para este gran problema es exigir que cada institución cumpla con su función. “¿Cómo es posible que un Consejo, teniendo una norma vigente, no haya hecho su trabajo?”, cuestiona.

  • ¿Hay tiempos constitucionales?

“No. Estamos a un inminente rompimiento de un plazo constitucional. Es preocupante porque pudo haber habido tiempo si se hubiera cumplido con las funciones legales y constitucionales: Reglamento en tiempo, evaluaciones en tiempo, y si la CC hubiera resuelto en tiempo”, dice Stuardo Ralón.

“Cuando se les otorgó el amparo a Hellen Mack y a Noé Ventura, ya estaban fuera de tiempo. Cuando se sabe quiénes califican y cuáles no es que se les da el amparo. No es sano que jueguen a política… nadie”, recomienda.

Recuerda: “El tiempo para resolver las inconstitucionalidades de la Ley de la Carrera Judicial se tardó un año, se resolvió el 12 de septiembre. ¿Por qué esperar hasta entonces, a casi un mes de que se venza el período constitucional?”.

¿Hay alguna salida decorosa?

“Más que decorosa, yo diría que se cumpla con la Constitución. La CC podría revocar el amparo provisional o actuar de oficio para dar algunos consejos para que el Consejo realice las evaluaciones con algunos criterios legales vigentes”, subraya Stuardo Ralón.

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