Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmaron este viernes 1 de diciembre que tres de los cuatro magistrados a quienes el Congreso de la República les retiró la inmunidad salieron del país. Se trata de Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, quienes son señalados por el Ministerio Público (MP) de incurrir en ilegalidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Con respecto a la magistrada Irma Palencia, también señalada en este caso, las autoridades migratorias confirmaron que no ha registrado movimientos migratorios recientes.
Por aparte, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, informó que Palencia solicitó una licencia para poder ausentarse de sus labores con el fin de resolver su situación legal. Añadió que Rojas también pidió licencia argumentando problemas de salud. Según explicó, hoy se estarán certificando estos requerimientos, en los que no se planteó un tiempo específico para que las autoridades electorales puedan retomar sus funciones.
Con respecto a los magistrados Aguilera y Franco, se dio a conocer que podrían estar solicitando tomar vacaciones como parte del período que les corresponde.
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Magistrados siguen en sus cargos
La magistrada Alfaro explicó que, aunque los togados ya no cuenten con derecho de antejuicio y podrán ser investigados por el Ministerio Público, continúan en sus cargos. Además, detalló que, como TSE, de momento no se pueden tomar decisiones con respecto al tema o mencionar la posibilidad de que no estaría integrado el pleno.
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Congreso retira inmunidad a autoridades electorales
El Congreso quitó ayer la inmunidad a cuatro magistrados electorales para ser procesados por supuesta corrupción, en una causa paralela a las que lleva la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo, que han elevado la incertidumbre en el país.
El TSE y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los comicios, y el presidente electo denuncia que se trata de un intento de impedir que asuma el poder el 14 de enero debido a su promesa de combatir la corrupción que aqueja al país.
La decisión de quitarles el fuero a los cuatro magistrados fue aprobada por 108 votos y 26 en contra por el Congreso, dominado por el oficialismo, al acoger una recomendación de una comisión pesquisidora. Se necesitaban 107 votos.
“Habiendo mayoría, queda aprobado declarar con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio” (desafuero) contra los magistrados, anunció en el plenario un asistente del Congreso.
