La ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguario aseguró que están trabajando con el Congreso para hacer una tabla comparativa entre dos iniciativas de ley sobre el Convenio 169 de la OIT y así socializarlos con la población indígena del país.
También serán incluidos los sectores privados e interesados en materia de consultas comunitarias para que, junto a los pueblos indígenas, “envíen sus recomendaciones al Congreso” y así incluirlas en la reglamentación el Convenio 169, el cual fue aprobado hace 22 años sin que haya sido aplicado hasta el momento.
De las dos iniciativas trabajadas, una en la Comisión de Pueblos Indígenas y otra en la de Trabajo, solo ésta última se encuentra bajo análisis para dictamen y cuenta con “retroalimentación” de un comité de expertos de la OIT.
El problema se ha agudizado
Teleguario aseguró que después de tanto tiempo “el problema se ha agudizado”, por lo que dijo estar en la disposición para contribuir con el Congreso a que se cumpla con su obligación de regular las consultas.
Recordó que en 2017 la Corte de Constitucionalidad pidió al organismo legislativo trabajar “una iniciativa para viabilizar las consultas a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169”, luego de haber detenido la operación de la hidroeléctrica Oxec I y II, subsidiaria del grupo Energy Resources Capital Corp, registrada en Panamá, por carecer de la misma.
El congresista Marco Lemus le solicitó a la ministra un “listado” con los nombres de los líderes indígenas que participaron en la guía para elaborar el reglamento que realizó el Ministerio el año pasado y así dejar establecido a quién se le harán las consultas.
“Tenemos la necesidad de proteger el medio ambiente y las costumbres de los pueblos, pero también debemos proteger las inversiones que hay en el país”, concluyó el parlamentario.
La ministra indicó que en la citación también se estudió el Convenio 175 sobre trabajo a tiempo parcial, el cual fue ratificado por el Parlamento en enero de 2017.
Éste dará “certeza a los trabajadores” siempre y cuando exista una iniciativa de ley o un acuerdo para que tenga “validez”, por lo que la propuesta de acuerdo ministerial está bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación.
