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La CICIG espera que Iván Velásquez pueda regresar “en breve plazo” a Guatemala

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que respeta la decisión de la Corte de Constitucionalidad  de revocar la prohibición de entrar al país de su jefe,  Iván Velásquez, a quien esperan de vuelta lo más pronto posible.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que respeta la decisión de la Corte de Constitucionalidad  de revocar la prohibición de entrar al país de su jefe,  Iván Velásquez, a quien esperan de vuelta lo más pronto posible.

“El Comisionado está trabajando en Nueva York siguiendo la decisión del secretario general (de la ONU, António Guterres) y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala”, dijo el vocero de la Comisión, Matías Ponce.

El máximo tribunal ordenó este domingo al presidente Jimmy Morales permitir el ingreso al país del colombiano, revocando así una orden emitida a principios de este mes que vetaba su entrada por considerar que era un peligro para la seguridad nacional.

La CICIG, a través de su portavoz, dijo que respeta y promueve el respeto a las decisiones judiciales del Constitucional y aseguró que sigue trabajando “con normalidad” en el marco de su acuerdo.

Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019, por considerar que realiza investigaciones partidarias y también prohibió la entrada a Guatemala de Velásquez por entender que es un peligro para la seguridad nacional.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la CICIG se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han acusado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.

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