El presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, se desplazó a Brasil y se reunirá esta tarde con el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, en una jornada tensa en la que el edifcio del Congreso era protegido por un denso cordón policial en Brasilia.
“Las aplicaciones van a dejar de ser viables tal como existen hoy. Quieren que los vehículos dejen de ser particulares y se conviertan en taxis”, dijo a la AFP Cleber André, chofer de Uber a tiempo completo, de 36 años.
“Cada municipio podrá decidir cuántas licencias libera. Quedaríamos en las manos de los gobiernos locales que podrían limitar el cupo a 1.000 licencias, o 100 o 10. Este servicio da a la persona común la oportunidad de conseguir una renta extra. Y hoy en día, con la actual crisis de empleo de Brasil, es extremadamente útil”, añadió.
Del otro lado de la ancha explanada que termina en el Congreso, cientos de taxistas permanecían reunidos bajo el sol, ordenados por los colores de cada una de sus ciudades de origen.
“La intención de Uber es venir y sacar a los taxis del mercado para tener el monopolio del mercado y estamos luchando para salvar nuestra profesión”, dijo Marcos Gomes, taxista de Sao Paulo, de 41 años.
La tensión entre ambos grupos era palpable y la policía había colocado barreras para mantenerlos separados.
Brasil es uno de los cinco principales mercados globales de Uber y hay mucho en juego, dijo su presidente en una entrevista publicada este martes por el diario Estado de Sao Paulo.
La PLC 28/2017, nombre del proyecto, “tiene potencial para restringir el trabajo de los 500.000 choferes de Uber en Brasil. Eso va a hacer caer nuestro número de conductores drásticamente y llevará a Brasil a la realidad que tenía diez años atrás, cuando solo existían los taxis”, señaló Khosrowshahi.
El proyecto ya pasó por la Cámara de Diputados y es tratado en régimen de urgencia por el Senado.
La iniciativa endurece las reglas para el transporte por aplicaciones de celular, exigiéndoles una autorización y una licencia especial de parte de la administración pública local, entre otras disposiciones que los acercan al servicio público.
Los defensores del proyecto aseguran que las empresas no quieren someterse a las normas y niegan que, si la ley es promulgada, los choferes de Uber vayan a quedar automáticamente en la ilegalidad.
El diputado Carlos Zarattini, autor del proyecto y líder del Partido de los Trabajadores, descalificó esa versión: “Nadie va a estar prohibido al día siguiente, eso es una mentira”, dijo a la AFP en la víspera. “Habrá un tiempo para que cada uno se organice”.