Dos de los grandes “frentes” que encara Guatemala en materia de derechos humanos son las mujeres y los pueblos indígenas, dos de los colectivos más vulnerables, según un informe presentado hoy sobre la situación del país en esta materia.
La representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liliana Valiñas, intentó resumir a grandes rasgos durante varias horas la coyuntura del país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, sobre lo que hizo varias recomendaciones.
En su exposición, recordó que queda “mucho por hacer” para garantizar la transformación democrática del país prevista en los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y que, tal y como reconoce el Gobierno, el 50,4 por ciento de esos pactos siguen sin aplicarse.
.@LilianaValina presenta el #Informe17OACNUDH> A 20 años de la Firma de los Acuerdos de Paz, el 50.4% de los Acuerdos continúa sin cumplirse pic.twitter.com/Ww7wVJUwuE
— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) March 21, 2018
Son los pueblos originarios y las mujeres algunos de los más afectados por esta coyuntura, marcada por uno de los “peores índices de GINI del mundo” (un 0,63), un 60 por ciento de la población en pobreza (79,2 en indígenas) y la mitad de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica.
Los pueblos indígenas, continuó, siguieron sufriendo “altos índices de discriminación, desigualdad y exclusión”, particularmente las féminas, y denunció la falta de protección de la “propiedad colectiva de los pueblos” y la no garantización del derecho a la consulta, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para cambiar esta tesitura, marcada por altos índices de violencia -especialmente contra las mujeres-, la criminalización de los defensores de derechos humanos, la desprotección de la niñez y los desalojos forzosos, Valiña apeló a esa participación ciudadana que tan importante fue durante el año pasado.
A su juicio, es necesario que sigan “promoviendo reformas y exigiendo la rendición de cuentas” para promover “una cultura democrática de derechos humanos”, que requiere también del apoyo de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
CIDH urge que se protejan las creaciones textiles indígenas para evitar "robos y copias". ►https://t.co/ozmuvjvWAC pic.twitter.com/N7jvO8Z8GK
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 27, 2018
En este último ámbito, el documento señala la necesidad de hacer reformas “legales de carácter estructural” para garantizar un sistema independiente y denuncia que en 2017 hubo presiones “internas y externas” que buscaron afectar su funcionamiento.
Valiñas también mostró su preocupación por los altos índices de violencia -especialmente en las mujeres, donde crecieron un 8 por ciento-, y achacó esta situación a factores como “la discriminación y la desigualdad, el fácil acceso a las armas, el legado de violencia del conflicto armado y los grupos del crimen organizado”.
Asimismo, destacó que algunas regiones del país, donde la mayoría de la población es indígena y donde se implementa esta jurisdicción, se registran las tasas menos violentas, como en Totonicapán, Sololá, San Marcos o Quiché, por lo que pidió “reflexionar” y aprender de estas experiencias.
Los defensores de derechos humanos sufrieron en 2017 un total de 438 ataques, incluidos 12 asesinatos, mientras que los periodistas fueron víctimas de 93, entre ellos 4 homicidios.
Pero esta violencia también está presente en otros colectivos, como las mujeres trans, donde se registraron 15 homicidios y la ausencia de una política de protección, pues sus muertes, por ejemplo, se siguen contabilizando como “hombres”.
Con información de la agencia ACAN-EFE
ONU respalda al TSE para fortalecer participación de indígenas y mujeres en Ley Electoral.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 25, 2017
