Con información de la agencia de noticias: AFP
La justicia belga aplazó este miércoles la audiencia sobre la euroorden contra los exconsejeros catalanes al 16 de mayo a petición de la fiscalía, que pide más información a España.
“El caso se aplazó al 16 de mayo” porque la fiscalía “pidió informaciones adicionales a España”, explicó a la prensa Bekaert, en el imponente Palacio de Justicia de Bruselas al término de una corta vista de 15 minutos.
Según el abogado belga, el ministerio público tampoco se pronunció por el momento sobre si apoya la entrega a España de los tres exconsejeros y por qué delitos.
La fiscalía de Bruselas confirmó que “no hubo debate” y que “simplemente” indicaron al juez que “no podían discutir sobre el caso sin la información” que esperan obtener de España, indicó en rueda de prensa su portavoz, Ine Van Wymersch, sin precisar qué información desean.
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La justicia belga examina por segunda vez una petición de extradición contra los políticos catalanes. Tras retirar la primera euroorden cursada en diciembre, el juez de instrucción del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, decidió reactivarla a finales de marzo tras redefinir los delitos.
Antoni Comín, exconsejero de Sanidad del entonces gobierno regional del presidente Carles Puigdemont, es el único de los tres exconsejeros presentes en Bélgica que se enfrenta en España a la acusación de rebelión, junto a la de malversación.
La exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, y su par de Cultura, Lluís Puig, enfrentan por su parte las acusaciones de malversación y desobediencia.
El juez belga debe ahora estudiar la petición enviada por España y decidir si extradita a los políticos independentistas y en virtud de qué cargos. A la espera de la decisión, la justicia decidió el 5 de abril dejarlos en libertad condicional.
En Alemania, un tribunal del Estado de Schleswig-Holstein decidió por su parte poner en libertad condicional a Puigdemont tras rechazar por el momento la acusación de rebelión y mientras sigue estudiando el delito de malversación de fondos.
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La decisión judicial representó un revés para las autoridades españolas ya que, en virtud de esta herramienta de cooperación judicial en la UE, Puigdemont sólo podría ser juzgado en España por los cargos retenidos por el juez alemán.
De confirmarse la extradición únicamente por malversación de fondos, que en su forma agravada acarrea 12 años de cárcel, Puigdemont se libraría de ser encausado por rebelión, un delito penado en España con hasta 30 años de prisión.
La exconsejera de Educación Clara Ponsatí, residente en Escocia, también se enfrenta a una euroorden contra ella por los mismos delitos que Puigdemont y Comín. En su caso, la justicia británica dijo este jueves que no tomará una decisión al menos hasta agosto, según su abogado.
Los cinco políticos se trasladaron inicialmente a Bélgica a fines de octubre de 2017, tras la destitución del ejecutivo regional catalán, ahora bajo control del gobierno central de Madrid, a raíz de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Con información de la agencia de noticias: AFP
Independentista catalana Clara Ponsatí se entrega a la policía en Escocia.
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