Mediante un comunicado el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, instó a la Cancillería a publicar “de oficio” toda información “relacionada con las comisiones oficiales, patrocinadores y agendas de trabajo, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Se consultó a autoridades del ministerio de Relaciones Exteriores tras esta publicación de la PDH, de la cual destacaron que no tienen ningún comentario al respecto, aunque respetan el pronunciamiento del magistrado de conciencia.
Viaje
Recientemente el presidente Jimmy Morales, así como los presidentes del Congreso y el Organismo Judicial, y delegaciones, viajaron a Israel a la inauguración del traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén.
Sin información
Sobre la información de quién proporcionó el avión que trasladó a la delegación guatemalteca a suelo israelí no ha sido aclarado, ya que en reiteradas ocasiones se le cuestionó a la canciller Sandra Jovel sobre la persona que brindó el viaje.
Jovel, quien fue entrevistada en Emisoras Unidas, se negó a revelar el nombre, ya que fue un pedido del patrocinador, aunque destacó que se le consultaría para hacerlo público.
Obligación
El titular de la PDH, en el referido comunicado, destaca que “es nuestra obligación constitucional garantizar a los habitantes el pleno goce del derecho humano a la información pública y el irrestricto acceso a las fuentes de datos”.
Se añade que “para integrarse al siglo XXI y abandonar de isla, Guatemala demanda el ejercicio responsable del poder, un creciente compromiso con la transparencia y una constante implementación de mecanismos permanentes de rendición de cuentas, que pongan a la vista todo acto de gestión, dirección o ejecución y zanjen las distancias entre el soberano y sus mandatarios, acercando a gobernados y gobernantes de manera confiable.
Opacidad
En la conclusión del enunciado la PDH destaca que más allá de la legalidad, la discrecionalidad en lo que debe o no debe ser publicado, no fomenta más la opacidad y propicia conflictos de interés, extremos que, además de minar la confianza en el ciudadano, menoscaban el principio de máxima publicidad y vulneran el espíritu del derecho humano a la publicidad, a la transparencia y a la cuentadancia.
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