La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía realizan hoy una serie de allanamientos en la sede de la alcaldía de la capital para recabar información en una causa que involucraba al expresidente del país y exalcalde Álvaro Arzú, fallecido este año.
Según las pesquisas difundidas el 5 de octubre por la Fiscalía -que trabajó el caso “Caja de Pandora” junto a la Cicig-, la Municipalidad Capitalina, cuando era dirigida por Arzú, contrató con fondos públicos a la cooperativa Torre Fuerte, cuyo dueño era el capitán retirado Byron Lima Oliva, asesinado en prisión en junio de 2016.
#EUCajaDePandora | Alcalde capitalino afirma que información entregada a CICIG y MP está publicada en Guatecompras
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 13, 2018
La investigación detallaba que la Municipalidad pagó a la empresa de Lima Oliva para la elaboración de afiches, mantas vinílicas y mantas con imán que fueron utilizadas en la campaña electoral de 2015, así como la producción de uniformes para la alcaldía.
También buscaron pruebas en la Dirección de la Mujer, la Dirección de Obras, Dirección del Centro Histórico, la Dirección de Comercio Popular, la Gerencia Municipal, la oficina Municipal de Juventud y Deportes, Programa CONVIVIR, la Regencia Municipal Región Norte, la Subdirección de Atención a las Comunidades Precarias y la Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares.
La entidad financiera allanada fue el Grupo Financiero de Occidente/Financiera de Occidente S.A.
Esos operativos causaron cierta molestia en las autoridades municipales por el ‘exceso de fuerza’ con que se llevaron a cabo, según ellas.
¿Qué fue lo que pasó?
Para conocer detalles al respecto, el programa A Primera Hora se comunicó con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, y con el portavoz municipal, Carlos Sandoval.
Juan Francisco Sandoval
Ayer se desarrollaron 18 allanamientos en 17 dependencias de la Municipalidad y una entidad financiera y obtuvimos información para una investigación de la Feci. Como cualquier diligencia en la que se restringe algún derecho, de repente pudo haber molestado a algún funcionario.
Supongo que el vocero de la Municipalidad no es abogado. El artículo 188 del Código Procesal penal establece: “Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquier otra. Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en la responsabilidad prevista para el caso de incomparecencia injustificada”.
Dicen que iba mucha policía
Iban los que se consideran necesarios. Eran diez diligencias en diez oficinas. Eran diez patrullas. Iban equipos independientes. Eran situaciones llevadas a cabo al amparo de la ley. La diligencia fue productiva.
¿Retener los celulares del personal es legal?
Sí, se puede impedir que las personas se comuniquen en ese momento. Hay facultades coercitivas que puede poner en marcha el fiscal en algún momento. Al final los teléfonos fueron devueltos. Si alguien se opusiera podría incurrir en desobediencia y resistencia, y compelido por la fuerza pública.
El alcalde dijo que toda la documentación no es secreta, que está en Guatecompras
No sé si el Alcalde tiene conocimiento de qué información íbamos a secuestrar. Hay información que no es obligatorio publicarla en Guatecompras. Nosotros realizamos nuestro trabajo porque la Constitución señala que ejercitamos la investigación penal.
Carlos Sandoval
Por parte de la Municipalidad le abrimos las puertas al MP para que pudiera realizar su investigación. Sin embargo, en algunas oficinas hubo retención del personal. Se les retiró su teléfono celular, acompañaron a algunas personas al baño con seguridad.
Las puertas siempre han estado abiertas, no se trata de realizar allanamientos con fuertes medidas de seguridad. Cada uno de los expedientes que solicitaron lo pueden encontrar todos los guatemaltecos en Guatecompras.
¿Y la orden de allanamiento?
A mí como Director de Comunicación el fiscal me presentó una hoja de allanamiento y no especificaba el tema. Sin embargo, se les abrió las puertas por instrucciones del alcalde Ricardo Quiñónez. Tenemos que apoyarnos interinstitucionalmente.
El alcalde se refirió a la información de Guatecompras. Dijeron que la diligencia se llevaba a caso por el caso Caja de Pandora.
En octubre del año pasado se llevó a cabo un allanamiento para obtener información de los años 2014 y 2015. Ayer fueron para obtener información de los años 2016, 2017 y 2018. Ese no es el problema.
Todo está a disposición de las autoridades, el punto es la forma como se realizan los allanamientos.
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