El Gobierno uruguayo propuso este jueves crear un grupo de trabajo tripartito para mediar el conflicto entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la FIFA tras la intervención del ente que rige el fútbol nacional por parte del organismo internacional anunciada el 21 de agosto.
Así lo aseguró a la prensa el titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Fernando Cáceres, quien agregó que esta decisión surgió luego de intensas reuniones con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
“La SND cree que esa herramienta de intervención, al menos en lo local, debe ser siempre la última medida ante casos extraordinarios, extremos y después de haber agotado todos los caminos de diálogo para encontrar soluciones, porque las instituciones deportivas crecen, maduran y se fortalecen tomando decisiones y es en las situaciones de crisis donde más maduran y se obligan a ejercer esa practica democrática”, justificó.
Asimismo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo se ha seguido “con atención y con preocupación” lo que ocurre en el fútbol nacional y las reacciones que se produjeron en el ámbito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la FIFA.
En ese sentido, Cáceres añadió que la “polarización que ha habido de posiciones a nivel público entre grupos que se han ido alineando en dos posturas” no representa “en absoluto” al Gobierno en referencia a al rechazo de la intervención por parte de los dirigentes de los clubes y el apoyo manifestado por los jugadores de la selección y las gremiales de árbitros y jugadores.
“Tan injusto es decir que los dirigentes deportivos son corruptos como negar la respuesta a los reclamos legítimos de los grupos que vienen planteando sus reivindicaciones genuinas y legítimamente desde hace tiempo”, matizó el secretario.
“¿Ha habido casos de corrupción? Ciertamente. ¿Hay casos de corrupción? Probablemente. En todo caso, no son representativos del universo general de la dirigencia deportiva de nuestro país y a estos hay que erradicarlos definitivamente”, sostuvo.
Por otro lado, reconoció que la AUF es más parecida a una liga profesional que a una federación deportiva, ya que la mayoría de las instituciones del fútbol nacional quedan “por fuera de los organismos de dirección” y apuntó que es “imprescindible encaminar rápidamente la aprobación de nuevos estatutos que abran las puertas para la integración”.
De hecho, esta era una de las condiciones que la FIFA le había impuesto a la AUF, que tenía hasta diciembre de este año para realizar tales modificaciones es sus estatutos para evitar una suspensión por parte del organismo internacional.
Por su parte, el subsecretario nacional del Deporte, Alfredo Etchandy, explicó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cartera de la que depende la AUF, garantizó que no hubo violaciones al estatuto del ente que rige el fútbol nacional en este periodo electoral.
También criticó que la asociación uruguaya no tuvo la posibilidad “de hacer los descargos necesarios ante la FIFA”, antes de que se determinara la intervención y la designación de una comisión reguladora que asumirá el control de la AUF hasta febrero de 2019.
“Recién los pudo hacer (los descargos), una vez que la medida se había tomado, enviando una nota y concurriendo hoy a la Conmebol (en Paraguay) (…) En definitiva, la FIFA se basó en algo que dijo la Conmebol luego de recibir algunas denuncias, pero acá no ocurrió como debe el debido proceso”, acotó.
Además, destacó que hay que tener en cuenta que no se sabe el alcance de las medidas adoptadas por la FIFA, y que afectarán el deporte más popular del país -que tiene “casi 190.000” jugadores registrados, mientras que el total de fichados totaliza 252.000-, ya no se especificó ninguna hoja de ruta en la carta firmada por la secretaria general del organismo que tiene sede en Suiza, Fatma Samora.
El desencadenante de la situación que llevó a la intervención por parte de la FIFA, que ha sido denominado en Uruguay como el “AUFGate”, fue la divulgación de audios grabados por el empresario Walter Alcántara, que a finales de julio provocaron la renuncia del presidente, Wilmar Valdez, hasta entonces candidato a ser reelegido.
Los audios desataron la polémica y están siendo investigados por la Justicia uruguaya debido a que dejarían al descubierto presuntas irregularidades en la gestión de la AUF, incluida una mención al llamado a licitación para instalar cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario de Montevideo, un proceso asesorado por el Gobierno.
