Con información de la agencia de noticias: EFE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México analizará el incumplimiento en la creación de la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, que fue ordenada por un tribunal mexicano.
La SCJN informó hoy que “admitió a trámite los incidentes de inejecución de la sentencia” del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, después de que las autoridades involucradas manifestaran su “imposibilidad jurídica” para cumplir con la resolución.
El pasado junio, dicho tribunal ordenó la creación de la Comisión de la Verdad, al considerar que la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
La fiscalía se declaró imposibilitada para acatar dicha sentencia y un órgano judicial paralizó la creación de la Comisión, pero una nueva resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió recientemente que sí hay un “sustento constitucional, convencional y legal para su creación”.
“Independientemente” de que el Tribunal de Tamaulipas estableciera que la imposibilidad alegada por la PGR no existe, “la Suprema Corte es la que tiene que decidir si se ha cumplido o no la sentencia que dictó”, explicaron a Efe fuentes de la SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México
El ministro de la SCJN Luis María Aguilar Morales admitió el trámite atendiendo al derecho a la prontitud en la administración de justicia reconocido en la Constitución.
Se admite, además, “ante la reiterada manifestación de la PGR” y las de otros organismos oficiales relacionados “directa o indirectamente con diversas causas de imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria dictada”, agregó la Suprema Corte.
La pasada semana, cuando se cumplieron cuatro años de la desaparición de los estudiantes en el sureño estado de Guerrero, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que creará la Comisión de la Verdad con independencia de lo que se establezca en los juzgados.
De acuerdo con la versión oficial esgrimida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala por policías corruptos, que los entregaron a miembros de un grupo criminal que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
No obstante, este relato ha sido desmentido por expertos internacionales, que han señalado irregularidades en la investigación oficial, así como la imposibilidad física de que 43 cuerpos fueran incinerados en el vertedero.
Con información de la agencia de noticias: EFE
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