La FIFA volvió hoy a amenazar con suspender a Perú si el Congreso peruano deroga una ley que le da al ente rector del fútbol mundial plena autonomía sobre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por encima de cualquier norma nacional y permite a su presidente seguir en el cargo hasta 2020.
En un correo electrónico enviado por la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, al secretario general de la FPF, Juan Matute, el organismo internacional advirtió que la modificación planteada por el parlamento peruano a la norma no cumple los requisitos del organismo ni de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Samoura indicó que la situación será derivada a los órganos competentes de la FIFA “para su posible consideración y decisión, la cual incluye una eventual suspensión de la FPF” si como consecuencia de la derogación o modificación de la ley “se toman decisiones que contravengan los requisitos de la FIFA y la Conmebol”.
La secretaria general del organismo internacional defendió la polémica ley por ser “fundamental para el cumplimiento oportuno del proceso de revisión de los estatutos de la FPF y de la Conmebol, que consta de diferentes etapas en la hoja de ruta convenida con la FPF”.
Por ello anticipó la anulación o cambio de la denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, aprobada por el Congreso en enero, puede interrumpir ese proceso.
La ley es fruto de una anterior amenaza de suspensión hecha por la FIFA a finales del pasado año, con la que evitó la tramitación de un proyecto de ley que daba mayores facultades fiscalizadoras al Instituto Peruano del Deporte (IPD), dependiente del Ministerio de Educación, sobre las cuentas de las federaciones nacionales.
La pasada semana, la comisión de Educación y Deporte del Congreso de Perú convino modificar la norma para que la FPF no solo deba cumplir los estatutos de la FIFA sino también la legislación nacional, y también para que celebre nuevas elecciones para su junta directiva antes de 2020.
La permanencia de Oviedo al frente de la FPF está cuestionada por su implicación en un escándalo de corrupción judicial donde presuntamente dio favores a jueces para que lo favorezcan en un proceso donde está acusado como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas.
