El pleno del Congreso aprobó ayer, con 87 votos a favor, en tercera lectura, el proyecto de ley sobre “aceptación de cargos” planteada por el Organismo Judicial. La propuesta cambia también varios artículos del Código Procesal Penal.
De esa cuenta, se habla de un porcentaje de reducción de la pena: 50 % si el sindicado acepta su culpa en primera declaración; 40 % si la acepta durante el proceso, y 30 % si admite al iniciar el proceso…
Para platicar sobre el particular, el programa A Primera Hora invitó a Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).
Se habla de un porcentaje de reducción de la pena: 50 % si se acepta la culpa en primera declaración; 40 % si se acepta durante el proceso, y 30 % si se da al iniciar el proceso…
“Es una ley que ha venido dando vuelta desde 2016. Es un concepto importado de EE.UU. considero que lo que debió haberse hecho es modificar el procedimiento abreviado del Código Penal y darle las connotaciones que permitan una rebaja de penas”, asegura Fuentes Destarac.
A su juicio, se optó por una nueva regulación: Ley de Aceptación de Cargos. Es una confesión que determina la rebaja de penas. La confesión es sólo un atenuante que da cierto tipo de beneficios. No se establece cuál pena, si es el límite mayor o el menor. Es el juez el que establece la pena en caso concreto.
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¿Someterse a proceso abreviado o a aceptación de cargo?
De acuerdo con el abogado constitucionalistas, “en el procedimiento abreviado no se admite la posibilidad de delitos graves o gravísimos y en la aceptación de cargos sí existe esa posibilidad”.
Explica que en EE.UU. el 90 por ciento de casos hay rebaja de penas porque hay negociación entre el MP y la defensa. El principio de economía procesal juega un papel importante. “La aceptación de cargos supone que preste una declaración testimonial en procesos de otros sindicados. Va de la mano”, confirma.
Javier Monterroso: “En esta ley (aceptación de cargos) sí están incluidos los casos de corrupción. Creo que para eso es precisamente porque el procedimiento abreviado no se puede aplicar”. #EUReformas pic.twitter.com/nom5u5u4I2
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EN DETALLE
La gente quiere justicia
Fue un planteamiento desde 2016 y lo plantea la Cicig, estaba dentro del contexto de descongestionar los procesos penales y tener condenas más rápido en lugar de agotar un proceso más rápido.
Es importante que haya condenas y deducción de responsabilidades. Hay beneficios y se gana en descongestionar los tribunales, una de las más importantes limitaciones en el sistema de justicia. Los tribunales son totalmente insuficientes.
Hay otra ley en discusión, de ponerle límites a la prisión preventiva, y que no podían quedar encarcelados los mayores de 70 años. Otra ley controversial que está en discusión en el Congreso. Hay un debate en el Congreso sobre el proyecto original.
Yo espero que esas modificaciones al CPP sean de beneficio para toda la población y que no solo se piense en determinadas personas.
Mario Fuentes Destarac: “Las vacaciones de los tribunales, son cuatro meses de caos. Aquí en Guatemala no hay justicia durante un mes”. #EUReformas pic.twitter.com/S8JXBrMU2h
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La iniciativa contribuye, pero no es suficiente
Contribuye, pero no se va a resolver el problema estructura, que incluye a todo el sector justicia que tiene limitaciones financieras y de recursos humanos. El Ministerio Público solo tiene cobertura en 90 municipios; los juzgados de primera instancia son limitados, todos están congestionados.
En el presupuesto se aprueba para todo, pero al sector justicia le dan los mismos recursos. Tenemos que apostar por el estado de Derecho y la columna fundamental es el sistema de justicia. Todo lo demás son parches y enmiendas que no resolverán los problemas de ineficacia.
Mario Fuentes Destarac: "Fue un planteamiento desde 2016 y lo plantea la Cicig (aceptación de cargos), estaba dentro del contexto de descongestionar los procesos penales y tener condenas más rápido en lugar de agotar un proceso más rápido". #EUReformas pic.twitter.com/OBJSCMphmd
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Se necesita certeza jurídica
El país necesita el imperio de ley, por certeza jurídica. No podemos seguir en incertidumbre. Los inversionistas, los agentes económicos necesitan tener reglas del juego claras.
Ya vienen las elecciones de magistrados de la CSJ y de Apelaciones, casualmente serán paralelas al evento electoral. Tienen que salir mejores magistrados.
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