Los “testigos y acompañantes” de las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua llamaron a una nueva reunión a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y al Gobierno local, que este sábado aceptó la invitación.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, “testigos y acompañantes” de las negociaciones que se dieron del 27 de febrero a 3 de abril, citaron a las partes para el próximo día 23.
La cita de Sommertag y Rosadilla tiene como objetivo presentar a las partes una propuesta de implementación “de los puntos previamente acordados”.
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Aunque los acuerdos entre el Gobierno y la Alianza no alcanzaron la totalidad de los temas previstos, las partes se comprometieron a garantizar que el Estado libere a los “presos políticos” y respete la Constitución de Nicaragua en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
Las negociaciones se dieron por concluidas de forma oficial el 3 de abril luego de que la Alianza se negara a retomarlas mientras el Gobierno no cumpliera con sus compromisos.
Ortega está dispuesto
El Gobierno divulgó una vez más su “disposición y compromiso” de “avanzar en la implementación de los acuerdos ya tomados, y continuar las conversaciones” sobre temas pendientes.
La Alianza, que no ha respondido la invitación de los testigos, solicitó el viernes públicamente al Gobierno dar “fin de comunicados engañosos” sobre el supuesto cumplimiento de compromisos firmados por parte del Estado.
Los opositores acusan al Gobierno de negarse a cumplir con los acuerdos, ya que no ha liberado a ningún “preso político” y ha reprimido cada manifestación contra el presidente Daniel Ortega.
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También señalan al Gobierno de mostrar públicamente su interés en avanzar en las negociaciones, pero poner obstáculos una vez que se intenta abordar los temas de justicia para las víctimas de la crisis y las reformas electorales para adelantar los comicios de 2021.
La crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
*Con información de EFE.
