En un comunicado dirigido al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, la organización de los 48 cantones expresó su preocupación ante las “acciones arbitrarias” promovidas por el Estado de Guatemala a través de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, en colaboración con el Juez Séptimo Penal Fredy Orellana.
“Estas acciones han resultado en una resolución ilegal que busca entorpecer un proceso democrático que ya había sido certificado y ratificado por el Tribunal Supremo Electoral el 12 de julio, reflejando la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio”, se menciona en el documento.
La organización de los 48 cantones considera que estas acciones erráticas e ilegales responden a intereses particulares que buscan perpetuar el estatus quo de una clase política. Cuestionan la legalidad del accionar del Juez, quien, según el documento, “carece de competencia para suspender la personalidad jurídica de cualquier partido político, lo cual resulta sorprendente siendo un profesional del derecho” y conocedor del ordenamiento jurídico guatemalteco.
El concejo de Autoridades Indígenas de los 48 Cantones de #Totonicapán en conjunto con los pueblos indígenas de Guatemala articulados, se declaran en asamblea permanente y partir de hoy coordinan acciones a tomar, como decisiones al inicio de movilizaciones. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UYGObRKfek
— Jimmy Chaclán (@JimmyChaclan_EU) July 13, 2023
48 Cantones se declara en asamblea
Respaldando la decisión del Tribunal Supremo Electoral y cumpliendo con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la revisión de actas y tiempos en la oficialización de los resultados, la organización de los 48 cantones advierte que cualquier intento de sabotaje contra los resultados finales del proceso electoral es considerado un atentado contra el pueblo de Guatemala y su derecho al voto.
En respuesta a estas acciones, los 48 cantones se declaran en asamblea permanente y llaman a no dejarse manipular por decisiones inescrupulosas. Hacen un llamado a los colegios de profesionales para que se pronuncien y tomen medidas disciplinarias contra aquellos profesionales que retuercen las leyes en beneficio particular.
Asimismo, anuncian la coordinación de acciones en defensa de la democracia y la posible movilización en todo el país. Invitan a la sociedad civil, al pueblo en general y a la comunidad universitaria a unirse y paralizar el país hasta que se respeten sus derechos y se restaure el estado de Guatemala, demostrando que la democracia debe ser respetada.
Los pueblos indígenas reiteran su solicitud al Estado de Guatemala para que la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche sean separados de sus cargos debido a su “incapacidad”. Asimismo, condenan la arbitrariedad con la que se están secuestrando documentos para fines particulares y responsabilizan directamente al presidente de Guatemala y a la Fiscalía por el daño a la democracia.
