La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este martes 12 de diciembre no otorgarle el amparo provisional a la magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, con el cual buscaba detener el proceso que se lleva en su contra, en el cual ya se le retiró la inmunidad, ya que la fiscalía la vincula en un caso por supuestas irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Palencia, quien salió del país hace más de una semana, se encuentra bajo licencia laboral. En la misma situación permanecen sus otros compañeros Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, a quienes también se les despojó del derecho de antejuicio por el mismo expediente judicial.
Los togados han reiterado que no existieron anomalías en la adquisición del programa para el ingreso y conteo de votos que permitió conocer a los ciudadanos los resultados preliminares de las Elecciones Generales 2023, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Asimismo, han expuesto que el sistema funcionó para lo que fue requerido y que los resultados de los comicios se basaron, tal como ha ocurrido en procesos anteriores, en el conteo manual llevado a cabo por las juntas receptoras de votos, con el acompañamiento de las juntas electorales municipales y departamentales, integradas por ciudadanos guatemaltecos.
@emisorasunidas897 Tres de los cuatro magistrados del TSE, a quienes el Congreso les retiró la inmunidad en horas de la noche, salieron del país. . . #euelecciones2023 #GUATEVOTA2023 #EleccionesGT2023 #Congreso #TREP #MP #MagistradosTSE
Palencia se pronuncia tras retiro de inmunidad
Los magistrados del TSE que perdieron su inmunidad recientemente emitieron un comunicado el pasado 5 de diciembre para dar a conocer su situación actual. En este señalaron su preocupación de que el motivo principal de su persecución, con apariencia de legalidad, sea integrar el pleno con nuevos magistrados para poder cambiar los resultados de las elecciones.
Fue la magistrada Irma Palencia quien suscribió el documento difundido, en el cual expresó que el antejuicio contra ella y sus colegas es ilegítimo, político y espurio, lo que lo hace legalmente improcedente. A pesar de ello, indicó que la Corte Suprema de Justicia, en una resolución carente de ilegalidad, lo trasladó para su trámite al Congreso de la República.
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Asimismo, expuso que en la tramitación del antejuicio ante el Legislativo y la Comisión Pesquisidora de ese organismo se violentó el procedimiento, no solo de los artículos 10 y 17 de la Ley de Antejuicio, sino que también se infringieron en su contra derechos que le asisten como el de defensa, debido proceso y legalidad.
“Nunca fui escuchada. Mis excusas obedecieron a las arbitrariedades señaladas, mismas que fueron obviadas, dejándome en un total estado de indefensión ante una arbitrariedad y campeante denegación de justicia”, expresó.
